Paz en Colombia. ¿Acuerdo definitivo o futuro incierto?

AUTOR: Héctor Dupuy, Geógrafo, profesor na Universidad de la Plata

 

El 2016 es un año muy particular en lo que hace a la situación mundial y, muy especialmente, para América Latina. Pero, entre el conjunto de noticias y experiencias verdaderamente impactantes que nos ha tocado vivir, se encuentra el hasta ahora tramo final de las negociaciones de paz de la República de Colombia entre dos fuerzas político militares hasta hace poco totalmente antagónicas: el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, que llevaron a cabo un enfrentamiento armado que se viene prolongando por más de cincuenta años y que deja consecuencias sociales, humanas y económicas catastróficas.

Este proceso habría culminado, el pasado 12 de noviembre, con la firma del Nuevo Acuerdo, modificatorio del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito a su vez por los representantes de ambas fuerzas el 24 de agosto de este mismo año y que fuera rechazado por la mayoría de los votantes que participaron del plebiscito realizado el 2 de octubre. Cabe recordar que el porcentaje contrario al Acuerdo alcanzó el 50,21 %, habiendo sufragado sólo el 37,44 % de los votantes registrados.

Si bien el proceso parece estar llegando a su fin, al menos en términos militares tradicionales, su complejidad no asegura un final definitivo o, al menos, no parece resolver las causas que lo motivaron. Ambas partes han declarado en innumerables ocasiones su decisión de sostenerlo y respetarlo y han procurado crear los instrumentos necesarios para que esto se produzca. Asimismo, el documento firmado y reformado, recientemente, ha introducido salvaguardas legales y posturas ideológicas fuertemente equilibradas como para que el resultado pueda ser lo más auspicioso posible.

Un conjunto de apartados documentales dan solidez jurídica dando como resultado un documento muy completo con referencia a salvaguardas políticas de ambas partes y de aplicación fuertemente progresista en cuanto a sus planteos sociales y económicos.

Los apartados atañen a los siguientes aspectos: Reforma Rural Integral (Hacia un nuevo Campo Colombiano), Participación Política (Apertura Democrática para Construir la Paz), Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), Apartado para la Implementación, Verificación y Refrendación, con documentación protocolar y de aplicación formal.

En este conjunto podemos distinguir, como se expresa más arriba, cuestiones de fondo que hacen a exigencias de ambas partes. La introducción de una nueva perspectiva en cuanto a la estructura agraria y a las condiciones del campesinado, sosteniendo principios como la igualdad y el enfoque del género, el bienestar y el buen vivir, la restitución de tierras y el restablecimiento de los derechos a las víctimas del conflicto, el derecho a la alimentación, la participación del campesinado en el planeamiento de las políticas agrarias, la garantía de un desarrollo sostenible, el impulso a infraestructuras indispensables y otros beneficios a los sectores más vulnerables permiten a las FARC avanzar hacia una solución de las causas históricas del conflicto.

Asimismo, el sector insurgente se asegura una apertura que le permite un piso de participación política, junto con su subsistencia, la legalización de su miembros (bajo condiciones de un escaso riesgo de represalias jurídicas) y el consiguiente reconocimiento de su actividad en el marco del sistema democrático liberal, a la vez que impulsa una reforma política que brinde seguridades a la oposición y a los dirigentes de partidos y movimientos políticos y sociales, generando una serie de mecanismos que materialicen tales seguros, a la vez que permitan perseguir legalmente a las denominadas Organizaciones Criminales, entre ellas a las bandas sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia, supuestamente desmovilizadas bajo el gobierno anterior.

Por su parte, el Gobierno Nacional logra en principio, el único objetivo material concreto e inmediato, el cese al fuego y de las hostilidades y la dejación de las armas por parte de las FARC. Ha sido la base esencial de las negociaciones y, tal vez, su mayor ganancia. Junto con este objetivo, otro de importancia es la propuesta para la solución al problema de las drogas, con lo cual se asegura contrarrestar el apoyo financiero que esta producción beneficiaba a los insurgentes. Asimismo logra evitar el pedido inicial de las FARC para la convocatoria de una asamblea constituyente y la incorporación del Acuerdo al texto Constitucional, la cual fue uno de los puntos rechazados por los votantes del No.

La pregunta es, entonces, ¿que significación tiene la paz en Colombia en este momento?

 

Preexistencia del conflicto

Los medios han ejercido una influencia extraordinaria, ayudados incluso por muchos especialistas, comentaristas, formadores de opinión y personas de buena voluntad, en el sentido de mostrarnos un proceso de paz que, antes que nada, es nada más ni nada menos que eso, “un proceso de Paz”. La concepción pacifista extrema, muy acorde y sensible a esta época tan plagada de conflictos de dimensiones horrorosas, nos ubica en la preexistencia de un concepto de “Paz” por encima de todo análisis. No importa cuáles han sido las causas, las vicisitudes, las marchas y contramarchas; no importa cuál ha sido o cuál es el conflicto. La “Paz” se encuentra por encima de todo eso. Se trata de terminar con el conflicto de cualquier manera, a los efectos de alcanzar esa “Paz”.

Por supuesto, esta idea, de profundo arraigo, choca con los que desean alcanzar una paz justa de conformidad a las motivaciones originarias, en este caso la lucha contra la opresión y explotación de sectores muy vulnerables de la población campesina colombiana, no muy alejada de las situaciones que viven las poblaciones rurales del resto de Latinoamérica, las demás clases populares de este subcontinente o la explotación de grandes masas de trabajadores o desocupados en el resto del Tercer Mundo.

Para los luchadores por la mejora social, por el desarrollo igualitario de los derechos humanos, por la justicia para innumerables personas que se encuentran al margen de los adelantos del progreso y de las mejoras alcanzadas después de muchos siglos por la sociedad, la paz no es sólo un objetivo en sí mismo si no se alcanza con un verdadero sentido de justicia. Justicia para los oprimidos vivos y justicia para los que dejaron su vida por tan altos principios.

De más está decir que esta paz no puede satisfacer a aquellos que se vienen esforzando para impedir este progreso. Se trata de viejas y nuevas clases opresoras que saben que la igualdad social no es otra cosa que la derrota en sus intentos por alcanzar los máximos niveles de eficiencia y competitividad en sus negocios. Estos son los sectores que, exigen una justicia ciega, sorda y muda sobre todos los insurgentes, considerándolos como asesinos comunes, arrastrando tras de sí a una gran cantidad de personas que adhieren a estos principios sin comprender que, tarde o temprano, serán los mismos que esgrimirán estos sectores poderosos para ejercer su opresión sobre sectores medios, profesionales, comerciantes o pequeños industriales. Esto sin considerar que aquellas acciones lamentables y aún horrorosas practicadas por los combatientes, se iniciaron para contrarrestar episodios de extremada injusticia e inequidad, de flagrante violencia practicada contra los oprimidos de todo tipo y con la unidad de todos los sectores oligárquicos y el beneplácito de los poderes instalados muchos kilómetros al norte.

Realizar una diferenciación tan marcada no pretende ocultar los horrores de la guerra. Saldos cuantitativos computados sólo desde 1985, con más de 6 millones y medio de desplazados, 162 mil desaparecidos, más de 100 mil familias que perdieron sus propiedades, 90 mil atentados y combates, más de 90 mil secuestros, 14.216 denuncias de delitos contra la libertad y la integridad sexual, más de 10 mil muertos por minas o explosivos sin detonar, casi la misma cantidad de personas torturadas, casi 8 mil niños y adolescentes involucrados en las acciones bélicas (en su mayoría por las FARC), ejemplifican, a medias, la magnitud de las depravaciones cometidas por todas las partes. Es sabido que, iniciada una guerra, el mantenimiento de las acciones destructivas de todo tipo se van justificando, cada vez más, en la espiral de violencia que se acrecienta y en las propias acciones cometidas tanto como en el compromiso asumido con los muertos y desaparecidos.

Sin embargo, insisto en este punto. En un proceso violento de este tipo, al inicio de las acciones las fuerzas son exageradamente desiguales. Por lo tanto, la elección de la violencia por parte del sector más débil, para la cual los más pobres tienen escasas posibilidades de optar, implica un proceso de empoderamiento en el cual cada paso implica un nuevo compromiso con la opción elegida y cada vez menos posibilidades de diferenciar los métodos utilizados.

El sector más poderoso, aliado y comprometido con los sectores hegemónicos a escala mundial, en especial con los mecanismos del mercado internacional, suele tener, asimismo, escasos márgenes de opción aunque cuenta a su favor con un andamiaje legal, político e institucional que le permitiría mayores posibilidades de negociación racional a las cuales no ha estado decidido a recurrir, salvo en contadas oportunidades. La actual sería una de ellas. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad en los horrores antes enumerados es, a todas luces, mucho mayor.

 

El factor territorial

El análisis del conflicto, tanto en sus aspectos reivindicativos como en el proceso de una lucha táctica y estratégica, nos introduce en el interrogante acerca de las posibilidades reales para que un grupo insurgente pueda oponerse, durante un largo período histórico, a fuerzas aliadas al poder hegemónico mundial. En la escala mundial, la existencia de una potencia que controla, en mayor o menor medida, el orden geopolítico internacional, como lo es Estados Unidos desde la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, generando alianzas entre las potencias de segundo orden, disciplinando a las potencias regionales y controlando política, económica e ideológicamente a todo el continente americano, dificulta notoriamente las posibilidades de cualquier fuerza local, nacional o regional para desarrollar una lucha contrahegemónica. Si bien el inicio de las hostilidades entre las FARC y el Gobierno colombiano se produjo en el marco de un orden geopolítico bipolar, con la presencia de la URSS, una potencia antagónica, menor pero poderosa, las posibilidades de acción en una región del Planeta alejada de sus estrategias territoriales y con un Estado aliado, con una voluntad inquebrantable, como lo es Cuba, aunque de escasa entidad espacial y estratégica no presagiaban un futuro promisorio para una experiencia apoyada en una escalada bélica como la que planteaban los insurgentes. El fracaso de casi todos los otros intentos de insurgencia bélica en América Latina testimonia esta apereciación.

Sin embargo, tanto la experiencia colombiana como otras excepciones, la propia Cuba, Nicaragua y, en parte, El Salvador, abren este interrogante. No se trata aquí de reivindicar esta estrategia que ha dejado saldos demasiado nefastos para nuestra región, sino de tratar de comprender la importancia de las acciones políticas contrahegemónicas desarrolladas en diversas escalas pero de acción plenamente territorial.

Al respecto, retomando los estudios e interpretaciones realizadas sobre el espacio geográfico por Henri Lefebvre (1974, 1976), sobre el territorio por Claude Raffestin (1980), sobre la geopolítica por Peter Taylor (Taylor y Flint. 2002) o sobre la conceptualización de la actual etapa en el proceso de acumulación capitalista (Arrighi. 1999), se puede afirmar que, mientras los procesos de concentración de poder por parte de potencias hegemónicas de escala mundial se desarrollan en relación con el gran mercado financiero transnacional, ámbito en el cual se producen tales proceso de acumulación más allá del espacio geográfico concreto, el territorio se convierte en un objeto en el que se reproducen las contradicciones entre capital y trabajo y que, en muchas oportunidades reacciona contra el orden establecido por aquellas.

Así lo han intuido la mayor parte de los grandes movimientos políticos y sociales y también sus expresiones económicas, más allá de haber logrado parcialmente o no sus objetivos. De manera que la lucha de los campesinos colombianos y de todas las fuerzas populares de ese país pueden vislumbrar que los logros de este Acuerdo de Paz se encolumnan en el sentido de esas luchas, más allá que sus protagonistas no hayan concitado un apoyo popular generalizado y efectivo y que sus métodos hayan contribuido a la desgracia de numerosas familias populares. No se trata, pues, de reivindicar el método ni elogiar como grandes héroes a los miembros de las FARC, sino de comprender el momento y la oportunidad histórica así evidenciada.

 

El futuro incierto

Sin embargo, al igual que muchos episodios en las luchas populares, la llegada de esta oportunidad no se produce en el mejor momento ni podrá aprovecharse en un marco de virtual equilibrio de fuerzas. Después de más de una década de esfuerzos latinoamericanos para sostener experiencias progresistas en un buen número de sus Estados y malogrando muchos de los intentos para impulsar un proceso de integración económica, social y política en el cual se pudieron visualizar instancias sumamente promisorias, como la aparición de la UNASUR, el ALBA o la CELAC, que llegaron a mediar, en más de una oportunidad en el conflicto colombiano o los avances del MERCOSUR, buena parte de nuestro subcontinente ha caído nuevamente en manos de la derecha oligárquica y los sectores aliados al capital transnacional.

En particular el mismo gobierno colombiano es parte de este contexto, diferenciando apenas un ala negociadora, artífice del Acuerdo, y otra refractaria a toda apertura que impidió la posibilidad de festejar debidamente la aprobación del texto originario. Estos sectores generan grandes dudas sobre una auténtica aplicación de los diversos Apartados del documento recientemente aprobado. La pertenencia de Colombia al sector más neoliberal de América Latina, asociado a la Alianza del Pacífico, versión actual del fallido ALCA, es sólo un aspecto de la propuesta norteamericana de gran desarrollos comercial y financiero asomado a ese océano a partir del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Si bien Colombia no ha suscrito esta propuesta, la política impulsada desde Bogotá se encuentra en sintonía con dicha política estratégica, lo cual no resulta una buena noticia para la población colombiana y, en particular, para sus campesinos.

Por otra parte, la aplicación de las diversas cláusulas del Acuerdo de Paz se encuentra claramente supeditada a las relaciones de poder que existan en los ámbitos institucionales (legislativos y judiciales) y en su aplicación efectiva por el Poder Ejecutivo, el cual será durante bastante tiempo de difícil acceso por parte de las fuerzas progresistas.

En cambio, la única cláusula efectiva del Acuerdo, la “dejación de las armas”, asegura a las fuerzas del poder la imposibilidad de defensa de los militantes populares, los cuales vienen siendo perseguidos y eliminados por las bandas criminales herederas de las fuerzas paramilitares. El futuro, así, se presenta incierto. Sólo un cambio de situación regional podría colaborar con los esfuerzos que realizan los movimientos progresistas colombianos para alcanzar una aplicación real y efectiva de todas las propuestas que tanto sufrimiento y sangre han significado par ala querida patria hermana.

 

Bibliografía

Arrighi, G. (1999) El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Madrid: Akal.

Dupuy, H. (2000) “Viejas y nuevas perspectivas para el estudio de la Geografía política”. En: Geograficando. Aportes para la enseñanza de la Geografía. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.

Lefebvre, H. (1974) La production de l´espace. París: Anthropos.

Lefebvre, H. (1976) Espacio y política. El derecho a la ciudad II. Barcelona: Ediciones Península

Raffestin, C. (1980) Pour une géographie du pouvoir. París: Librairies Techniques.

Taylor, P. y Flint, C. (2002) Geografía política. Economía-mundo, Estado-nacion y localidad. Madrid: Trama Editorial

EI Atlântico Sur una región geopolitica en transición

AUTOR: Héctor Adolfo Dupuy (Centro de Investigaciones Geográficas. Universidad Nacional de La Plata (Argentina) Correo Electrónico: hectordupuy@yahoo.com.ar

RUBRICA: Geopolitica

Introducción
El debate sobre los alcances de los códigos geopolíticos de las potencias y los Estados hemisféricos en el escenario del Atlántico Sur y, en particular, los reclamos territoriales y las denuncias sobre la militarización de dicho espacio geográfico, permiten reflexionar sobre el papel que, en este espacio de singular potencial conflictivo, están representando las nuevas relaciones hemisféricas Sur-Sur.
La crisis de origen financiero y ribetes políticos en pleno desarrollo entre las potencias centrales o desarrolladas y el surgimiento de las denominadas “economías emergentes” han creado expectativas en cuento al avance de un mundo multipolar, en forma paralela al mantenimiento del orden geopolítico de hegemonía estadounidense establecido tras la segunda guerra mundial y confirmado con la desaparición de la URSS. Este fenómeno está produciendo una revalorización estratégica de las distintas regiones del mundo, entre ellas el espacio oceánico en análisis y los Estados litorales africanos y sudamericanos.
En el caso de la región geopolítica vinculada al océano Atlántico Sur, cabe preguntarnos, por una parte, acerca del papel estratégico que ha jugado y juega dentro de un orden geopolítico internacional cambiante y complejo. La presencia en el área de potencias emergentes y economías en crecimiento en ambas orillas, junto con Estados africanos de un Tercer Mundo estructural aferrado a situaciones de dependencia neocolonial de las metrópolis tradicionales, se imbrica con el mantenimiento de relictos del imperio colonial británico. Por otra parte, la tendencia creciente de los países periféricos de relacionarse de muy diversas maneras y plantear propuestas conjuntas y de cooperación, colisiona claramente con los esfuerzos de las potencias centrales, particularmente de la alianza anglosajona Estados Unidos-Reino Unido,  con sus aliados menores Canadá, Australia y Nueva Zelanda, por perpetrar su hegemonía apoyándose en su estructura bélica.
De esta manera, es posible pensar que esta caracterización geopolítica del Atlántico Sur como un área de servicios de las potencias centrales esté mutando hacia una región geopolítica de identidad propia, con actores locales que hacen valer su presencia en el Planeta.

El Atlántico Sur y su caracterización clásica
La salida del orden geopolítico de la Guerra Fría, la desaparición de la URSS y las dificultades que aquejan a los Estados Unidos como potencia hegemónica remanente, junto con la imposibilidad de asignar tal papel a ningún otro actor preponderante, nos permite recuperar y replantear el valor de las distintas regiones del mundo.
En el caso del Atlántico sur cabe recordar algunas de sus peculiaridades (Coutau-Begarie.1988:29-37). Su caracterización geográfica ubica a la región al sur de la línea del Ecuador y al norte de la Convergencia Antártica, límite septentrional del Océano Antártico, localizada alrededor del paralelo de los 60º sur. Al oeste, Suramérica se extiende hasta el cabo de Hornos y al este África culmina en el cabo de las Agujas. Sin embargo, las tendencias geopolíticas desarrolladas durante el siglo XX permiten extender hacia el norte su área de influencia hasta el Trópico de Cáncer, límite meridional de la zona de operaciones tradicional de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), aún vigente, y, hacia el sur, se adentra en los mares australes con proyección antártica, dados los intereses de, al menos, tres Estados con soberanía en la región: Argentina, Chile y el Reino Unido. Esto sin desmedro de la vigencia hasta los 60º S del Tratado Antártico, pero con la mirada puesta en las intencionalidades geopolíticas de dicho actores.
Esta definición, basada en los conceptos de Coutau-Begarie, se encuentra sintetizada en el mapa de la Figura nº 1.

Figura nº 1
El Atlántico sur: perspectiva geopolítica
Fuente: Coutau-Begarie (1988:30). P.30

Puede notarse que, en su sector septentrional, este Atlántico sur extendido presenta dos áreas con identidades geopolíticas diferenciadas: el denominado “Mediterráneo atlántico”, en la boca occidental del estrecho de Gibraltar limitado por el triángulo Azores-Canarias-Madeira, de fuerte presencia europea, y la región del Caribe y el golfo de México, definida como “Lago Americano” o “Mediterráneo Americano” por el geopolítico estadounidense Alfred Mahan (1935:140), la cual es hoy controlada casi totalmente por Estados Unidos, a pesar de la presencia de numerosos Estados insulares independientes, uno de ellos -Cuba- claramente antagónico, y dependencias de potencias como Gran Bretaña, Francia y Países Bajos.
Bajo la mirada geopolítica de la Guerra fría, el Atlántico sur presentaba características bastante definidas: alejado de los centros de poder central, se encuentra suficientemente abierta hacia el norte, resultando fácil de recorrer para una flota y menos favorable para su defensa costera, ya que la menor distancia entre Brasil y Sierra Leona –África occidental- es de no más de 2.900 km. Además, se encuentra sembrado por islas, convenientes para la instalación de bases aéreas o navales. Con excepción de la plataforma del mar Argentino, que se extiende hacia el este en la latitud de las Malvinas, y algunas mesetas costeras frente al litoral brasileño, el resto está formado por grandes hoyas y planicies abisales, separadas por una cresta meridiana, la Dorsal Mesoatlántica, de la que emergen numerosas islas y que explica el proceso de deriva de las placas tectónicas. Sus condiciones climáticas e hidrológicas son muy complejas, lo cual afecta la navegación y propicia las condiciones para una economía pesquera de primer nivel.
La importancia estratégica ha sido señalada por Coutau-Begarie (1988:51-60):

  • Vital arteria de comunicaciones, destacando rutas con flujos privilegiados como los del petróleo del golfo Pérsico hacia los mercados europeos.
  • Importancia de puntos estratégicos cuidadosamente evaluados con respecto a los riesgos de ataque contra áreas de concentración de tráfico: los dos “mediterráneos” (el de Azores-Canarias-Madeira y el “lago Americano”), con numerosos estrechos de acceso y control; las costas de Nigeria y Angola, por su importancia energética; el estuario del Plata, confluencia del tráfico sudamericano e interoceánico; los tres estrechos entre el Atlántico y el Pacífico (Magallanes, Beagle y Drake); y la costa sudafricana, de acceso al océano Índico.
  • Contornos sudamericano y africano vulnerables por sus reservas en materias primas mineras, comparables, según el autor, a las rusas. Al aumento en la importancia de sus explotaciones y prospecciones de hidrocarburos y del aumento de su producción pesquera, habría que agregar la creciente importancia de los recursos mineros y agrícolas y de los reservorios de agua dulce y de biodiversidad, muy desarrollados en ambos continentes en estas latitudes.

El Atlántico sur puede considerarse así una región con destacada singularidad y, a pesar de haber sido ignorado o periferizado, cumple un papel central en la geopolítica actual. Y esta importancia se hace más notoria si entendemos el rol cada vez más destacado que están jugando potencias regionales y economías de notorio crecimiento o manifiesta potencialidad y riqueza en recursos ubicadas en sus costas.

La transición geopolítica y las nuevas relaciones Sur-Sur. Los “emergentes”
La primera década del siglo XXI ha visto desarrollarse un fenómeno inédito en el mecanismo de la geopolítica mundial: se perfila un nuevo modelo desarrollado en Estados caracterizados hasta hace poco tiempo como periféricos o semiperiféricos, apoyado en experiencias particulares de cada uno de ellos y en una marcada tendencia a reinsertar a sus estructuras estatales en la toma de decisiones, la participación económico financiera y la búsqueda de soluciones a sus graves problemas sociales. Este modelo, sumamente pragmático y aún difícil de definir teóricamente, se va expandiendo en economías de diversas magnitudes y variada localización geográfica y en Estados y gobiernos de muy diferentes signos político-ideológicos. A pesar de este último aspecto, existe una clara tendencia a impulsar acuerdos y consensos de tipo pacífico, a pesar del carácter fuertemente militarista de algunos de ellos. Estas economías “emergentes”, algunas ya consideradas como potencias, hacen oír su voz, como en la reciente cumbre del BRICS en Ufa, y se manifiestan claramente por un nuevo orden y nuevas relaciones intercontinentales privilegiando aquellas que se desarrollan entre los países del sur.
Este contexto nos permite trazar los bosquejos de una nueva transición geopolítica en la que se manifiesta un fuerte situación de crisis en las potencias dominantes, la Tríada Estados Unidos-Europa occidental-Japón, aunque con un proceso de decadencia lento y, probablemente, de largo plazo, y un ascenso, también lento y dificultoso, de estas nuevas potencias, con China a la cabeza y seguida por Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Esta nueva realidad ha generado una particular expectativa entre los países en otras épocas agrupados en el Tercer Mundo o Países del Sur. El desarrollo de posibles relaciones entre países del hemisferio que, a pesar de provenir todos de un contexto de subdesarrollo, presentan hoy distintos niveles económicos y ritmos de crecimiento, alienta la idea de una colaboración mucho más efectiva y equitativa que las que, hasta hora, les ha significado su dependencia de los países del Norte. Vistas desde esta perspectiva, no sólo las realidades continentales o subcontinentales –África, las regiones asiáticas, América Latina- son centros de interés para estas nuevas experiencias Sur-Sur, sino también aquellas masas oceánicas, como el Atlántico Sur, el Índico o el Pacífico, deben ser objeto de especial estudio.

Nuevas formas de participación
A partir de esta nueva realidad, en el contexto de las relaciones comerciales, diplomáticas, de cooperación tecnológica, de observación y control del medio ambiente, de defensa común, de vinculación y compatibilización cultural, se están desarrollando una serie de metodologías impulsadas por los actores principales –las potencias y economías emergentes- y observadas con atención por el conjunto de Estados involucrados.
En primer lugar, existen los mecanismos tradicionales; relaciones diplomáticas y acuerdos bilaterales que permiten activar o revitalizar, según los casos, intercambios comerciales, acuerdos de cooperación técnica, profesional, incluso universitaria, mecanismos para instalación de empresas o aportes financieros en capital o créditos para la concreción de planes de desarrollo, etc. Teniendo en cuenta las asimetrías lógicas entre países diferentes1, estos mecanismos se llevan a cabo, por lo general, como formas de ayuda de un país más desarrollado hacia otro en inferioridad de condiciones, generando situaciones de dependencia, imposición de pautas de mercado, inclusive presiones políticas.
En las relaciones entre economías emergentes, en particular las potencias nuevas, y los Estados más desfavorecidos, estas situaciones no son ajenas. Sin embargo, el hecho de que las potencias emergentes están en plena expansión y manifiestan políticas muy diferenciadas de las tradicionales2, no permite, al menos hasta ahora, vislumbrar acciones expansionistas como las desarrolladas durante los siglos XIX y XX. De todas maneras, los objetivos que se plantean estas nuevas potencias no difieren demasiado de los que tratan de mantener los grandes grupos transnacionales de corte tradicional, si bien el discurso de la cooperación y algunas acciones colaborativas parecerían sostener medianamente el concepto básico de “cooperación” esgrimido en los discursos del momento.
En una segunda instancia, es necesario destacar el desarrollo de grupos regionales, inspirados en el proceso de integración europeo, que han realizado experiencias muy variadas, desde simples áreas de libre comercio (ASEAN, CAFTA-RD) hasta complejos intentos para el desarrollo de mercados comunes (MERCOSUR, CARICOM, MCCA, ECOWAS, Mercado Común Árabe…). Los intentos integracionistas representan diversos imaginarios utópicos3, se asientan en procesos vinculados a las formas competitivas ultraliberales y resurgen de las nuevas economías emergentes. Han demostrado ser más eficaces para impulsar procesos políticos cooperativos que para lograr formas avanzadas de integración económica capitalista.
Una nueva perspectiva está representada por el aumento de actores en los foros de debate sobre problemáticas globales. Mientras las décadas de 1980 y 1990 se caracterizaron por los debates mundiales protagonizados por escasos actores (Consejo de Seguridad de la ONU, Trilateral Commission, Foro Económico de Davos, G-7), las experiencias paralelas de grupos de contrapoder (Foro Social de Porto Alegre, concentraciones de movimientos anti y luego alterglobalización) o las “contracumbres” (paralela a la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, 2005) permitieron la instalación de una lógica participativa y deliberativa que llevó a las propias potencias a convocar a algunos de los países emergentes para que funcionaran como representantes o “voceros” del resto. Así se llegó a la conformación de un G-20 (G-7 ampliado), paralelo al cual se desarrolló un G-77, donde se reunieron los emergentes convocados con una buena parte de los excluidos, reeditando, en cierta manera el Movimiento NOAL (No Alineados) de la época de la Guerra Fría.
Es cierto que estas experiencias, así como las cumbres ambientales, en las cuales están presentes los máximos dirigentes de cada Estado, si bien implican formas participación masiva, no resultan muy eficaces a la hora de tomar decisiones. Sus amplias agendas quedan, por lo general, inconclusas e indefinidas, sirviendo más que nada para dejar sentadas determinadas posiciones, sin consecuencias directas de relevancia. Un caso particular de reuniones cumbre que fructificaron notablemente fueron las realizadas por los líderes sudamericanos que desembocaron en la creación de una organización, la UNASUR (Unión de Naciones de Suramérica) que ya ha dado muestras de acción rápida ante situaciones críticas y de impulso a iniciativas regionales de relevancia.
Por último y para avanzar en decisiones más efectivas, los Estados con mayor protagonismo han optado por la realización de encuentros y contactos más reducidos, conocidos como un minilateralismo, con menores cantidad de actores, más apto para lograr una mayor eficacia diplomático-económica, como en el caso del BRICS o el IBSA (Danglin.2012).

Relaciones Sur-Sur en el Atlántico meridional
Visto desde una perspectiva regional, el proceso de expansión de las economías emergentes, paralelo al de depresión de las desarrolladas, está significando una salida de los márgenes espaciales tradicionales, los marcos continentales, y el desarrollo de políticas abiertamente transoceánicas. En el caso del Atlántico sur, el camino, apenas explorado en las décadas anteriores, se está perfilando como una tendencia irreversible en lo que va de este siglo.
Los actores en cuestión constituyen dos grupos de Estados que han transcurrido la segunda mitad del siglo XX bajo el signo del gran conflicto mundial, la Guerra fría. En el caso sudamericano, la estrategia impuesta por los Estados Unidos implicó la generalización de una metodología intervencionista con la imposición de regímenes autoritarios que, además de su secuela de violencia y opresión socioeconómica y política, demoraron notoriamente los procesos de desarrollo intentados en cada uno de ellos.
En el caso del África austral, la estrategia de confrontación periférica desarrollada por las dos superpotencias en la década de 1970, impulsada por Washington a partir de la derrota en Vietnam, implicando a la Unión Soviética, dadas las expectativas puestas por el Kremlin en los procesos independentistas regionales, se encaramó en la descolonización tardía de las colonias portuguesas. Los protagonistas de esta lucha, los movimientos revolucionarios de Angola y Mozambique, terminado el enfrentamiento con la antigua metrópoli, se vieron inmersos en guerras civiles cuyos bandos representaban los intereses de las superpotencias. La internacionalización de dichos conflictos significó el involucramiento de Estados vecinos y lejanos (Sudáfrica, Cuba). Además, la propia Sudáfrica se encontraba convulsionada por la combatividad revolucionaria de las organizaciones antirracistas y reivindicativas africanas, encabezadas por el Congreso Nacional Africano y mantenía sojuzgada a Namibia, base de los operativos anti-angoleños. Otros países de la región, como Zimbabwe, también estaban comprometidos en luchas por la descolonización definitiva o enfrentamientos muy dolorosos como las extensas guerras civiles congoleñas.
La salida de ambos conflictos implicó un esfuerzo muy doloroso en las dos orillas, y demoró desde las recuperaciones democráticas sudamericanas de los años ’80 hasta el fin de la guerra civil en Angola en 2002, pasando por la independencia de Namibia (1990) y la caída del apartheid sudafricano en 1994. Esto se vio agravado por imposición global del ajuste ultraliberal.
En consecuencia, la reconstrucción es la tarea propia de este siglo, necesidad compartida por todos los actores, y centrada, en el caso sudamericano, en el ascenso al gobierno de una nueva élite progresista e integradora. Sin embargo, es necesario identificar otras premisas, propias de los niveles de crecimiento alcanzados por cada uno de ellos.

  • Para las potencias emergentes, como Brasil, resulta indispensable acentuar la tendencia hegemónica planteada a partir de su intervención en conflictos regionales alejados, como el del Cercano Oriente, y en foros de discusión global –G-20, BRICS, etc.-. Su presencia en África resulta de una lógica regional insoslayable. Pero además debe responder a los principios económicos de búsqueda de mercados para sus productos y sus capitales. Sudáfrica, una potencia en una escala menor, tiene improntas parecidas.
  • Para las economías emergentes de segundo orden, como Argentina, la urgencia pasa por expandir sus mercados y abrirse camino en su carácter de interlocutor con grupos de países de distinto nivel, incluso las potencias desarrolladas, acrecentando su presencia internacional.
  • Para los Estados que se encuentan en situaciones más postergadas, es indispensable iniciar el proceso de solución de los problemas estructurales ya mencionados, para lo cual, deben contar con la opción que les permita no acudir a las recetas e imposiciones de las potencias centrales y los órganos multilaterales de crédito y comercio –FMI, Banco Mundial, OMC- y acudir a la generación de nuevas estructuras que aseguren el cumplimiento de los derechos humanos básicos y puedan enfrentar el flagelo de la corrupción política, impulsada desde las grandes corporaciones transnacionales..

En términos más generales, resulta indispensable el desarrollo y afianzamiento de un sistema de relaciones Sur-Sur, como una oportunidad más equitativa de vinculación comercial, tecnológica, financiera y de promoción social, estructurada entre pares y no supeditadas a las actitudes paternalistas de las potencias desarrolladas.

La nueva significación geopolítica de la región
Sin embargo, esto parece muy lejano de poder realizar debido a las diversas formas de acción que desarrollan en la región los grandes actores hegemónicos. Una serie de islas diseminadas entre los dos continentes dan cuenta de la subsistencia del poderío colonial británico. En este contexto, cabe preguntarnos la significación de dicha presencia, no sólo como resultado de un proceso histórico sino también en relación con las actuales coordenadas geopolíticas imperantes en el sistema mundial.
Estos Territorios de Ultramar Británicos –BOT en la sigla inglesa-, al igual que otros territorios no nacionales dependientes de los Estados miembros de la Unión Europea, han sido reconocidos explícitamente y con status propio desde 2007 por el Tratado de Lisboa, beneficiándose de las políticas económicas de la Unión Europea, pero también desarrollando algunas bases militares. Esto implica una presencia estratégica de relieve, en vinculación con la Política Europea de Seguridad Comunitaria y el sistema de otras bases europeas ubicadas en las costas atlánticas, como las francesas en África.
Por otra parte, la estrecha y comprometida vinculación del Reino Unido en el seno de la OTAN y de la alianza estratégica con Estados Unidos, permitiría el uso operativo de sus bases (Mount Pleasant, por ejemplo) por parte de la alianza atlántica y, aún más, le ha habilitado al ejército estadounidense una posición especial, la Base Cat Hill en Ascensión, fuera del área de influencia de la OTAN y en una región donde se ubican importantes actores, hoy aliados, pero con potencialidad emergente, como Brasil o Sudáfrica, y otros más díscolos, como Venezuela.
Por otra parte, la presencia de la potencia hegemónica está asegurada por el sistema de seguridad elaborado desde el Pentágono, del cual forma parte el Comando Sur con sede en Miami y el régimen de patrullaje de la IV Flota de los Estados Unidos.
Esta importante actividad planteada sobre el Atlántico Sur da cuenta de un cambio en la importancia y en el sentido estratégico de la región. Ya no se trata de un área de servicios o circulación, sino que se ha constituido en un área con identidad propia, con Estados costeros dispuestos a hacerse cargo de sus recursos y los de los continentes litorales (hidrocarburos, minería, pesca, agua dulce, biodiversidad) y a recuperar su control y que, a partir de el incremento en sus relaciones transoceánicas pueden alcanzar un perfil mundial sumamente innovador y creativo.

Notas
1) Existen relaciones menos asimétricas, en los casos de complementación de economías de similar poder pero diferentes estructuras económicas. Sin embargo, la mayoría de estos casos se vincula a situaciones de fuerte competitividad. Casos novedosos son los que tienden a desarrollarse entre países petroleros con adversarios políticos comunes, como es el caso de Venezuela e Irán, o potencias emergentes, como Brasil y Rusia.
2) Como las tradicionales políticas de dependencia de las potencias coloniales o neocoloniales.
3) Se pueden relacionar con utopías panregionales, como la gran nación árabe, la unidad latinoamericana o la utopía panafricana

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