¿Una crisis migratória

AUTORES: Brigitte Espuche, co-coordinadora de la red euro-africana Migreurop (espuche@migreurop.org) |  Louis Imbert voluntario Migreurop en Málaga Acoge (España); estudiante de Máster en Derechos Humanos – Francia (imbert.louis@gmail.com)

O original deste texto foi escrito em francês e traduzido pelos autores

 

Abstract

 In 2015, as it faced the exodus and deaths at sea of thousands of people seeking a safe haven, Europe persisted in pursuing a security-oriented approach.

The measures aimed at preventing crossings, as well as their impact on migrants, were reinforced at internal (Calais, Ventimiglia, Balkans) and external borders, which are now militarized (Frontex-led Operation Triton, EuronavforMed in the Mediterranean Sea, NATO in the Aegean Sea, triple fence in Ceuta and Melilla). This trend can also be observed in countries of departure and transit (Niger, Libya, Turkey), to which Europe has externalized its policies.

Far from any solidarity and under the false pretense of a “migration crisis”, the EU has intensified its more than 20-year-old repressive policy towards exiles, pretending to use innovative strategies such as “hotspots” and relocation to sort, track, detain and deport individuals deemed undesirable, in violation of their rights and of international obligations.

 

Introducción

Desde hace más de 20 años, Europa lleva a cabo políticas represivas y con un enfoque de seguridad hacia las personas en migración. Estas políticas, pensadas en los años 1980 e implementadas a partir de los años 1990, han restringido progresivamente el campo de la inmigración “regular” y se han fijado como prioridad “la lucha contra la inmigración irregular”. Para ello, la Unión europea (UE) y sus Estados miembros han desarrollado una multitud de dispositivos legislativos, administrativos y políticos relativamente coercitivos.

En primer lugar, se han reducido drásticamente las vías legales de entrada en el territorio de la UE, mediante políticas de visado y asilo cada vez más restrictivas. Así se les impide a las personas en migración entrar y residir legalmente en Europa.

Desde los años 1990, las autoridades europeas recurren de forma creciente al encierro de las personas en migración[1] en centros cerrados (centros de internamiento, zonas de tránsito, comisarías, etc.) o en centros teóricamente “abiertos”, en Europa y más allá. En efecto, la UE y sus Estados miembros financian campos de extranjeros fuera del territorio europeo. El objetivo de esta lógica de “encampamento” siempre es el mismo: controlar y marginalizar poblaciones consideradas como “indeseables”.

Durante el mismo periodo, la UE y sus Estados miembros han militarizado progresivamente las fronteras exteriores de la Unión a través de dispositivos cada vez más sofisticados. ¿Su objetivo? Impedir cualquier entrada terrestre o marítima, gracias a la multiplicación de las operaciones de vigilancia coordenadas por la agencia europea Frontex[2] y a la creación en 2015 de operaciones militares a las que participan la UE y la OTAN, en el nombre de la “lucha contra el tráfico de seres humanos”.

Asimismo, la UE y sus Estados miembros han desarrollado una política de externalización de los controles migratorios, otorgando a nuevos actores – privados (aerolíneas) y estatales (países “terceros” [3]) – el papel de distinguir más arriba entre los “buenos” y los “malos” migrantes. Bajo el pretexto de proteger Europa de un “riesgo migratorio”, se ha asignado poblaciones enteras a residencia, pese al derecho de toda persona “a salir de cualquier país, incluso del propio”, consagrado por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A partir de abril de 2015, las autoridades europeas y los medios de comunicación empezaron de repente a repetir una y otra vez que Europa se enfrentaba a una “crisis migratoria sin precedente”. No obstante, un año más tarde, se observa que las autoridades europeas no han estado a la altura del desafío que se imponía a ellas.

Bajo el pretexto falaz de una “crisis migratoria” (I), la UE ha reforzado la represión hacia las personas en migración, haciendo caso omiso de sus derechos y de sus propias obligaciones (II), revelando así una crisis mucho más profunda, que toca los propios fundamentos de la construcción de la Unión (III).

 

I – La construcción de una « crisis migratoria »

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1 000 504 personas se presentaron a las puertas de Europa en 2015 (el 3% por vía terrestre y el 97% por vía marítima)[4]. Estas llegadas representan un número cuatro veces más alto que en el año 2014, y también según la OIM, constituirían “el flujo más importante [de migrantes] desde la segunda guerra mundial”.

Para rematar este panorama, en 2015, más de 3 700 personas fallecieron al intentar atravesar el mar Mediterráneo, es decir más de 10 personas al día.

 La llegada de exiliados y el número de naufragios se han multiplicado el año pasado en las fronteras de Europa, debido entre otros a la persistencia de situaciones de conflicto en numerosas regiones del mundo (Medio y Próximo Oriente, África). Sin embargo, ¿realmente se puede considerar que Europa se enfrenta a una “crisis migratoria” que de repente pondría en peligro su buen funcionamiento y su estabilidad?

  • Una “crisis” previsible y que se debe relativizar

Los 12 y 19 de abril de 2015[5], 2 naufragios consecutivos en el mar Mediterráneo costaron la vida de aproximadamente 1 500 exiliados.

El 20 de abril de 2015, los 28 ministros del Interior y de Asuntos Exteriores adoptaron un plan de acción en diez puntos como primera respuesta a la “situación de crisis en el Mediterráneo”. En este documento se encuentra por primera vez el concepto de “crisis migratoria”. Esta expresión alarmista se extendió entonces como un reguero de pólvora en el lenguaje de las instituciones europeas, de los responsables políticos y de los medios de comunicación europeos.

El 13 de mayo de 2015, también en respuesta a la “crisis migratoria en el Mediterráneo”, la Comisión europea anunció su Agenda Europea sobre Migración.

Si bien fueron los naufragios mortíferos del mes de abril de 2015 que desencadenaron esta retórica de la “crisis”, los responsables políticos también han utilizado las cifras de las llegadas y de las solicitudes de asilo en los 28 Estados miembros para destacar la importancia del fenómeno. Sin embargo, omitieron precisar que estas cifras no eran nuevas y que la intensificación de los movimientos migratorios hacia Europa era una realidad desde hace varios años. Esas cifras no cogieron a Europa por sorpresa en 2015. Las solicitudes de asilo ya habían aumentado en 2013 y 2014. Todos los indicadores apuntaban a que numerosas personas en busca de protección intentarían llegar hasta Europa en los años siguientes. Millones de nacionales sirios ya habían huido de su país, acogidos en su abrumadora mayoría por los países vecinos (principalmente Turquía, Líbano y Jordania). Dada la situación cada vez menos sostenible en estos países, inicialmente generosos, pero en dificultad frente a las llegadas importantes y continuas (Líbano ha acogido hasta el equivalente del cuarto de su población), las autoridades europeas habrían tenido que anticipar el incremento de las llegadas en 2015 y más allá.

Al contrario, los responsables políticos parecen haber ignorado deliberadamente los múltiples avisos de las organizaciones internacionales al respecto. Ya en 2013, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) recomendaba que se abriesen vías legales de acceso a Europa[6].

No sólo era previsible y evitable esta “crisis”, sino que está lejos de revestir el carácter “inédito” y “excepcional” que le prestan los responsables políticos y comentaristas de todos tipos.

Ciertamente, se presentaron en 2015 un millón de personas en migración a las puertas de Europa. Pero se debe relativizar esta cifra. Por un lado, pese a su importancia aparente, sólo representa el 0,2% de la población total de la Unión europea (alrededor de 510 millones de habitantes). Basta volver a los años 1990 para encontrar semejante ejemplo de llegadas importantes de personas en migración en los países de Europa occidental. En aquella época, más de medio millón de personas habían huido de las guerras de Yugoslavia hacia una Europa que sólo contaba 12, y luego 15 Estados miembros.

Por otro lado, a pesar de que el año 2015 fue marcado por un incremento sin precedente del número de personas desplazadas y refugiadas en el mundo (65,3 millones según ACNUR[7]), Europa está lejos de ser la principal región afectada. Cerca del 90% de las 21,3 millones de personas refugiadas en el mundo están acogidas en países del Sur[8]. En 2015, durante la llamada “crisis migratoria”, Alemania acogió por sí sola a la mitad del millón de exiliados, y esto principalmente entre el final del verano y el inicio del otoño, cuando abrió sus fronteras. En otros países como el Reino Unido, las llegadas apenas fueron más numerosas en 2015 que en 2014. En realidad, debido a la miríada de dispositivos de cierre implementados por la UE, pocos exiliados llegan a pisar efectivamente Europa. Las políticas comunitarias de visado y asilo les impiden a muchas personas, sospechadas de presentar un “riesgo migratorio”, acceder legalmente al territorio de la UE y residir allí en regla.

  • La instrumentalización de la retórica de la “crisis”

Pese a todo, la retórica de la “crisis ha convencido con éxito a una parte de la población europea que era legítimo llevar a cabo políticas migratorias aún más restrictivas, a pesar de una situación humanitaria mundial cada vez más desastrosa y de las numerosas tragedias en nuestras fronteras.

El concepto de “crisis” ha inducido una temporalidad política extremadamente corta, infundiendo la idea de una suerte de catástrofe repentina a la cual habría que aportar una respuesta inmediata. Sin embargo, eso supone hacer caso omiso a las políticas neoliberales que han destruido numerosos mercados no europeos, a las intervenciones militares que han desestabilizado regiones enteras del mundo y a la venta de armas a dictaduras conocidas por sus violaciones masivas de derechos humanos. La retórica de la “crisis” da la impresión de que Europa se enfrenta a una situación pasajera, y que podría abstenerse de reformar profundamente las políticas que nos llevaron a la situación actual.

Pero, sobre todo, a través del imaginario de la “ola migratoria” hacia Europa, la “crisis” contribuye a reforzar el mito de la invasión y la criminalización de las personas en migración. Lo demuestran las cifras de la inmigración “irregular” difundidos en octubre de 2015 por Frontex, la agencia europea de vigilancia de las fronteras exteriores de la UE.

En plena “crisis migratoria”, esta agencia publicó datos que señalaban “710 000 migrantes que franquearon las fronteras de la UE” desde el inicio del año en curso[9]. No obstante, Frontex no aclaró que se trataba del número de franqueamientos “irregulares” de las fronteras exteriores de la UE y no del número de las personas entradas “irregularmente” en el territorio de la UE. Ahora bien, cada persona puede franquear varias veces las fronteras (por ejemplo, en la ruta de los Balcanes). Por lo tanto, la cifra avanzada por Frontex es mucho más alta que la de las personas efectivamente entradas en la UE en el mismo periodo[10]. Pese a ello, esta cifra exagerada fue difundida como tal por la mayoría de los medios de comunicación[11] y utilizada como la demostración de un “boom de la inmigración irregular”. Eso no ha dejado de alimentar el mito de la invasión ya muy presente en la opinión pública europea.

Además, entre las personas entradas “irregularmente” en el territorio de la UE en 2015, más del 80% eran potenciales solicitantes de asilo[12], es decir personas quienes, según la Convención de Ginebra de 1951, no pueden ser penalizadas al franquear una frontera sin documentos o con documentos fraudulentos[13]. En consecuencia, se equivoca la agencia Frontex al ver en estos movimientos migratorios una inmigración “irregular” en fuerte incremento.

Lamentablemente, una parte de la población europea ha integrado las cifras de Frontex como hechos probados y ha admitido la importancia de reforzar la criminalización de las personas en migración. Desde hace muchos años, Frontex se nutre del discurso demagógico de los Estados miembros, que pone de relieve los riesgos de “desbordamiento de las fronteras”. Según este discurso, las personas en migración plantearían un problema de orden público y de seguridad, ya que, al llegar en las costas europeas, al “invadir” Europa, pondrían en peligro su estabilidad.

Además, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 de Nueva York, la inmigración ha sido progresivamente vinculada con los asuntos de seguridad interior. Desde 2004, el programa de La Haya[14] – que prevé la elaboración en cinco años de una política común de inmigración y asilo – mezcla seguridad e inmigración. Tras los atentados en París en 2015 y Bruselas en 2016, la amalgama entre “riesgo migratorio” y potencial amenaza terrorista se ha visto reforzada más que nunca. Esta amalgama está instrumentalizada por los partidos europeos de extrema derecha para propugnar por un refuerzo de los controles fronterizos y ganarse votos. Eso genera una hostilidad aún más creciente hacia los extranjeros.

El contexto actual marcado por el miedo, el sospecho y el rechazo permite legitimar, a ojos de la opinión pública, prácticas cada vez más represivas y con un enfoque de seguridad en materia de inmigración y asilo. Refuerza la guerra llevada a cabo en los años 2000 contra los migrantes que intentan llegar a Europa, a menudo al coste de sus vidas.

II – … Pretexto de la intensificación de la guerra a los migrantes

Lejos de provocar un cambio de políticas migratorias, la “crisis” parece haber generado un repliegue xenófobo que justifica mantener e intensificar políticas europeas con un enfoque “securitario” hacia los migrantes. Lo demuestra a la perfección el Plan de Acción de abril de 2015 de la UE al proponer “acciones inmediatas en respuesta a la situación de crisis en el Mediterráneo”, pero se enfoca en realidad en aumentar la vigilancia de las fronteras, reprimir a los “traficantes”, fichar de manera masiva a las personas en migración, expulsar de forma veloz a más personas, y por último, profundizar la externalización de los controles migratorios para contener mejor los movimientos migratorios hacia Europa.

  • El enfoque “hotspot”: ¿medios innovadores al servicio de una lógica represiva?

Frente a las “tragedias migratorias” en el mar y a la “crisis”, las autoridades han implementado una serie de medidas y dispositivos hacia una mejor “gestión de la inmigración”. Desde la “acogida” (a.) a la identificación y selección (b.), pasando por la “securización” creciente (c.) y la externalización de las fronteras europeas (d.), se consolida una lógica represiva que sigue prevaleciendo en las políticas migratorias europeas.

  1. La “acogida”: la reubicación en los Estados miembros

La reubicación de solicitantes de asilo hacia otros Estados miembros fue presentada por la Comisión europea en septiembre de 2015 como una primera respuesta urgente a la “crisis migratoria”. Se dirige a solicitantes de asilo que llegaron a Grecia o Italia después del 15 de abril de 2015, y cuya nacionalidad se ve otorgar el estatuto de refugiado a 75 % en el conjunto del territorio de la UE (según la base de datos Eurostat).

La reubicación consiste en repartir a 160 000 solicitantes de asilo entre los Estados miembros de la UE en dos años y permite derogar al reglamento de Dublín, que imputa la responsabilidad del examen de la solicitud de asilo al país de primera llegada, salvo excepciones. Basado en el artículo 78-3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el sistema de reubicación es jurídicamente vinculante. Sin embargo, depende en la práctica principalmente de la buena voluntad de los Estados.

A día del 21 de octubre de 2016, de los 160 000 solicitantes de asilo inicialmente previstos tan sólo unos 6 200 habían sido reubicados. De éstas, 4 846 de ellos han dejado Grecia y 1 391 Italia[15], representando un porcentaje irrisorio respecto al objetivo marcado a dos años.

Caben aquí dos observaciones. Primero, el número de solicitantes de asilo que se acordó reubicar entre los Estados miembros – 160 000 personas – no puede considerarse un impulso de solidaridad. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la UE tiene una población de cerca de 510 millones de habitantes, que los países vecinos de Siria acogen a más de cuatro millones de refugiados sirios y que más de un millón de personas en migración alcanzaron Europa en 2015. Además, los Estados miembros non cumplen sus magros compromisos.

El escuálido mecanismo de reparto resulta un fracaso total por varias razones. La primera se debe a la falta de voluntad política de los Estados miembros, que se niegan a cumplir sus promesas. A día de 14 de julio de 2016, Austria, Dinamarca, Hungría, Polonia y Eslovaquia no habían reubicado a ningún solicitante de asilo. Bulgaria, Croacia y la República Checa habían reubicado a menos de diez solicitantes cada uno. Polonia revocó su compromiso tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Hungría y Eslovaquia han anunciado públicamente su intención de recurrir la decisión del Consejo europeo sobre las reubicaciones. Hungría también está organizando un referéndum nacional sobre el asunto el 2 de octubre de 2016.

Segundo, el fracaso de las reubicaciones se debe a que el sistema de reubicación no toma en cuenta, entre los criterios de reparto entre los Estados miembros, la voluntad o incluso las intenciones y circunstancias de los solicitantes, como, por ejemplo, los idiomas hablados, las redes de solidaridad (familia y comunidad nacional) y las oportunidades económicas. En efecto, las personas tienden a reubicarse por sí solas a países donde piensan poder integrarse mejor.

Tercero, el sistema de reubicación está basado en la idea falsa de que los sistemas de asilo de los Estados miembros son equivalentes. Sería el caso si existiera un verdadero régimen de asilo europeo común. Sin embargo, siguen existiendo diferencias importantes entre los Estados miembros en términos de condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, de procedimientos de asilo y de criterios de otorgamiento del estatuto de refugiado.

Estas diferentes experiencias han demostrado que es sumamente difícil imponer de gestionar la movilidad de manera autoritaria. Pese a ello, las instituciones europeas debaten actualmente de la adopción de un reglamento de Dublín IV que se basaría en cuotas obligatorias. Todo esto a pesar de que la iniquidad y la ineficacia del sistema de Dublín en plena “crisis migratoria” hicieron precisamente que se implementara el sistema de reubicación, para redistribuir las responsabilidades entre los Estados miembros de la UE. En efecto, imponer a los países de primera llegada en la UE la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo es profundamente injusto, tanto para los países que tienen fronteras exteriores de la UE, sobre los cuales descansa gran parte de la responsabilidad, como para los solicitantes de asilo, a los que se les niega la libre elección de su futuro país de acogida y se les coloca en condiciones de desigualdad, en términos de acogida y del examen de su solicitud de asilo.

No obstante, lejos de extraer lecciones del fracaso tanto del reglamento de Dublín III como del dispositivo de reubicación para acabar con estos mecanismos desiguales, la UE está valorando consolidar este mecanismo injusto y deficiente, en lugar de cambiarlo.

Parecería que, en realidad, lo que busca la UE con este mecanismo es luchar contra los movimientos llamados “secundarios”, es decir, los desplazamientos de solicitantes de asilo de un Estado miembro a otro, en particular a países como Alemania o Suecia, considerados como más atractivos.

Pero además, la reubicación traduce la obsesión de deshacerse lo más rápidamente posible de los que no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, es decir personas a las que se les categoriza de entrada como “inmigrantes económicos” y que, a los ojos de los Estados miembros, no tienen una razón válida para permanecer (o incluso venir) a Europa, excluyéndoles y criminalizándoles. Para las autoridades, se trata de contener al máximo la entrada en el territorio europeo de estos migrantes, confinándolos a su lugar de llegada mientras se determine si tienen una necesidad legítima de protección.

  1. Identificación y selección: los hotspots

En paralelo del sistema de reubicación, y con fines de selección de los “flujos migratorios” entre “migrantes económicos” y solicitantes de asilo, la UE implemento el enfoque “hotspot”. Esta terminología, que tiene origen en el vocabulario policial estadounidense[16], refiere al dispositivo de identificación y selección de los migrantes en las fronteras exteriores de la UE. Para “enfrentarse a la crisis”, nueve centros llamados “hotspots” fueron abiertos en Italia y Grecia.

El objetivo oficial es proporcionar una ayuda inmediata a los países llamados de “primera línea”, facilitando la identificación de los recién llegados, para reubicarlos hacia el Norte, examinar la solicitud de asilo in situ o expulsarlos hacia el Sur. La ayuda de la UE consiste en el despliegue de agentes de Frontex, de Europol y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La identificación de las personas se hace sobre todo gracias a una selección según la nacionalidad, vulnerando así el artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohíbe de manera expresa cualquier discriminación basada en el país de origen durante el tratamiento de las solicitudes de asilo.

Este dispositivo de selección pronto empezó a funcionar de manera coercitiva y evolucionó hacia la privación de libertad. Esto ha supuesto el uso de centros de retención en las islas griegas tras el acuerdo del 18 de marzo de 2016 entre la UE y Turquía (ver Infra). Esta medida fue criticada por numerosas organizaciones de la sociedad civil, así como por órganos de las Naciones Unidas[17]. Además, este dispositivo prioriza la tomada de huellas de manera sistemática, para todos, lo que confirma que el enfoque “hotspot” busca establecer el fichaje y la trazabilidad de las personas en migración.

Identificación, selección y detención de las personas llegadas a las fronteras. Nada nuevo aquí. Más allá de las novedades semánticas, este dispositivo de selección y privación de libertad ya existía en las fronteras nacionales de los Estados miembros. En efecto, los hotspots se parecen a las zonas de transito europeas, donde los derechos de los migrantes se ven aniquilados. Así, las islas griegas consisten en un verdadero archipiélago carcelario. No solo cualquier persona (incluyendo los menores) puede estar detenida hasta 25 días, sino también se expiden documentos de identidad que les prohíbe el acceso al continente europeo desde las islas, durante el tiempo necesario para el examen de sus solicitudes de asilo. Las condiciones de detención y el carácter arbitrario de la detención (acceso limitado, a veces inexistente, a una asesoría jurídica y a un intérprete) fueron denunciados por la organización Human Rights Watch y fueron el objeto de varios recursos ante el Tribunal europeo de los DDHH[18].

  1. Control o seguridad incrementada de las fronteras

En paralelo de la reubicación y de los hotspots, los Estados miembros intentan impermeabilizar al máximo las fronteras europeas de la UE, siguiendo una lógica de contención de los movimientos migratorios hacia Europa y en su seno. Por ello, la UE da un paso más en la militarización de las fronteras.

Militarización de las fronteras exteriores para parar a los migrantes

Tras el naufragio de 336 personas en la Mediterránea en 2013[19], la Marina italiana lanzó la operación militar-humanitaria Mare Nostrum en el Mediterráneo con una duración limitada. Un año después, en noviembre de 2014, considerada como demasiada costosa y poco disuasiva para los migrantes, fue sustituida por la operación de vigilancia Tritón, coordinada por la agencia europea Frontex.

Menos ambiciosa que Mare Nostrum, que se extendía hasta las costas libias[20], y rescató cerca de 160 000 personas, Tritón responde en realidad a las verdaderas prioridades de Europa, es decir el control de las fronteras. Con equipamiento y recursos menos importantes que Mare Nostrum, la operación se limita a las aguas territoriales europeas y no tiene los recursos ni el mandato para proceder a operaciones de rescate[21], tal como señala el director de la agencia Frontex: “Tritón no puede ser una operación de búsqueda y salvamento, tampoco es su mandato y, según mi punto de vista, tampoco es el de la UE [22]. Según él, el rescate de los migrantes en alta mar generaría un “efecto llamada”, y entonces habría travesías más peligrosas, al beneficio de los “pasadores de fronteras”: “Aumentar los recursos de salvamento solo animaría a los migrantes desesperados a arriesgarse en el mar [23].

Este cambio de rumbo tuvo consecuencias dramáticas para las personas en riesgo en el mar, como lo habían anticipado números actores[24], incluido Frontex[25]. Después de los dos naufragios consecutivos de abril 2015, la UE propuso un nuevo fortalecimiento de los medios de Frontex en mayo de 2015. Como respuesta, la comisión decidió triplicar los presupuestos de las operaciones Tritón y Poseidón (26 millones € más) para aumentar los medios y la zona de actuación de la agencia. Así, el coste de la operación Tritón pasó de 2,9 hasta 9 millones €/ mes (es decir el coste diario de Mare Nostrum). En la operación Tritón, participan 21 Estados miembros proporcionando recursos humanos (65 agentes al total) y técnicos (cuatro aviones, un helicóptero, cuatro patrullas en alta mar, un barco de patrulla costera, dos patrullas costeras) [26].

Así, frente a la multiplicación de los naufragios, se decidió sistemáticamente aumentar los medios de control de Frontex, para proteger aún más las fronteras europeas e impedir a los migrantes y a las personas buscando protección el acceso a su territorio. No obstante, lejos de permitir salvar más vidas, la agencia Frontex conllevo más riesgos para las personas en migración. Más de un año después del anuncio del fortalecimiento de los medios de la agencia, la cifra de personas desplazadas no ha disminuido y la de personas migrantes fallecidas en el mar ha aumentado.

Sin embargo, para defender mejor el espacio Schengen, la Comisión europea propuso en diciembre de 2015 ampliar el mandato de Frontex que se ha convertido el 16 de septiembre 2016 en la agencia europea de guardas costas y guardas fronterizos[27]. Se le ha dotado de más recursos y prerrogativas[28] y su mandato será ampliado substancialmente (lucha contra la inmigración irregular, el crimen transfronterizo y el terrorismo) y territorialmente (fronteras exteriores y Estados miembros).

Sin embargo, la decisión de la UE y de sus Estados miembros de fortalecer los recursos de la agencia siempre tuvo como consecuencia desviar las rutas migratorias, cada vez más peligrosas y mortales, y bloquear lejos de las fronteras europeas a las personas que desean llegar a la UE, aunque signifique exponerlas a violaciones de derechos en países de donde no pueden irse.

Desde hace diez años, Frontex se ha ido reforzando sin ningún tipo de control independiente y sin ningún mecanismo eficaz para poder establecer su responsabilidad en caso de violación de los derechos humanos[29].

Militarización del mar en nombre de la lucha contra los pasadores

Frontex no es la única en beneficiarse del fortalecimiento de sus medios para proteger las fronteras. Se emprendieron también en el mar Mediterráneo operaciones militares para luchar contra los “traficantes”. La primera es la operación naval Eunavformed, rebautizada “Sofia” en septiembre del 2015, lanzada por la UE en la parte sur del mar Mediterráneo central, entre Italia y Libia, el 22 de junio de 2015 por un mandato inicial de un año.

Esta operación tiene como objetivo “desmantelar el modelo económico de las redes de tráfico de clandestinos y de trata de seres humanos[30] y recopilar informaciones sobre las redes de traficantes a lo largo de las costas libias (Fase 1 lanzada el 22 de junio 2015), intervenir en alta mar para “inspeccionar, registrar, parar y desviar” las embarcaciones sospechosas de trata de seres humanos (Fase 2A lanzada el 7 de octubre 2015), y por fin desmantelar las redes, sea por medio de actuaciones en las aguas territoriales libias (Fase 2B que necesita el acuerdo de Libia o de las Naciones Unidas) o por puntuales operaciones en tierra en territorio libio (Fase 3).

Al 31 de diciembre de 2015, la operación “Sofia” había permitido detener a 47 pasadores y la inspección y destrucción de 64 barcos[31]. Al 30 de septiembre de 2016, la operación contaba con el apoyo de una veintena de Estados miembros, y disponía de siete barcos, cuatro helicópteros y tres “recursos aéreos” (Luxemburgo, España y Francia)[32].

Esta operación que ha tenido poco éxito a la vista de los resultados, implica riegos para los migrantes y vulnera el derecho internacional, especialmente el derecho de asilo. Es peligrosa porque no se sabe muy bien cómo distinguir a un traficante de un migrante en un barco en alta mar a la hora de abordarlo, o de “neutralizarlo”.

Nótese que, antes siquiera de que debutase esta operación, el Consejo europeo ya había contemplado los “riesgos de daños colaterales incluyendo la pérdida de vidas humanas” en el marco de la implementación de esta intervención armada en el mar[33].

Por otra parte, las operaciones militares se orientan a destruir las embarcaciones y por lo tanto, no son apropiadas para el rescate y poco en capacidad de evitar los naufragios. Los hechos demuestran que son a menudo las embarcaciones civiles – marina mercantil o barcos afretados por las ONGs – quienes rescatan los migrantes en peligro en mar.

Esas intervenciones militares vulneran además el derecho de asilo ya que no se hace ninguna mención de la suerte y de los cuidados de los potenciales solicitantes de asilo que intentan llegar al territorio europeo. Pero, al destruir los barcos – único recurso para cruzar el mar Mediterráneo a falta de vías legales de acceso -, esas operaciones militares impiden a las personas que necesitan protección llegar a las costas europeas y solicitar asilo.

Se teme que dichas operaciones militares, oficialmente destinadas a “luchar contra los traficantes” representen en realidad un nuevo obstáculo para las personas en migración.

Las rutas migratorias cambiaron a finales de 2015, los migrantes deseando llegar a Europa privilegiando el Mediterráneo oriental en lugar del Mediterráneo central. Para bloquear esta nueva ruta, a petición de Alemania, Grecia y Turquía[34], una segunda operación fue lanzada en el mar Egeo entre Grecia y Turquía, el 11 de febrero de 2016, bajo el mandato de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El objetivo oficial de esa operación es luchar contra las redes de traficantes y llevar acciones de “inteligencia”, pero, en realidad, la OTAN se unió a las tareas de vigilancia de las fronteras europeas, ya que está encargada de realizar “actividades de reconocimiento, de seguimiento y de vigilancia en aguas territoriales griegas y turcas, así como en aguas internacionales”. Los buques de la OTAN intercambian informaciones con las autoridades griegas y turcas, así como con la agencia Frontex. Se supone que no deben interceptar embarcaciones con destino a Grecia, pero existe el temor de que realicen devoluciones hacia Turquía, violando así el principio de no devolución en el caso de los solicitantes de asilo[35].

El 20 de junio de 2016, el Consejo de la UE prorrogó el mandato de la OTAN en el mar Egeo hasta el 27 de julio de 2017. Además, se añadieron dos prerrogativas más a la operación: la puesta en marcha del embargo de las Naciones Unidas sobre las armas, en alta mar, a lo largo de las costas libias y la formación de los guardas fronterizos libios y de la Marina libia[36].

La intervención de la OTAN en aguas territoriales europeas integra de manera definitiva la cuestión migratoria en el ámbito de la Defensa, al convertirla en una amenaza[37]. Es particularmente representativa de la guerra desarrollada por Europa en contra de civiles en migración en un contexto cada vez más militarizado, ya que los Estados miembros no luchan en contra de traficantes, sino en el fondo en contra de los migrantes y solicitantes de asilo[38].

Si se puede calibrar el interés estratégico, en términos geopolíticos, de contar con la presencia de la OTAN en el Mediterráneo en el contexto actual, dichas operaciones militares son en realidad inútiles desde el punto de vista del objetivo presentado. Por una parte, el cierre de las fronteras europeas y las políticas migratorias represivas incrementan la mortalidad migratoria y dan grandes beneficios a los pasadores de fronteras y otros traficantes. La mejor forma de combatirlos es abriendo vías migratorias legales y seguras. Por otra parte, lejos de solucionar la cuestión de los traficantes, este tipo de operación solo tiene como consecuencia desplazar sus actividades cada vez más lejos.

La mejor forma de combatirlos es abriendo vías migratorias legales y seguras. Por otra parte, lejos de solucionar la cuestión de los traficantes, este tipo de operación solo tiene como consecuencia desplazar sus actividades cada vez más lejos. Por último, en ningún caso frena las llegadas de migrantes, ya que estos buscarán otras vías terrestres o marítimas más peligrosas, como se desprende del aumento de las llegadas “irregulares” al territorio de la UE, proporcional al fortalecimiento de los dispositivos europeos de control de fronteras.

 Militarización de la gestión de la inmigración en Europa y más allá

La militarización de la “gestión de la inmigración” en el territorio y en las fronteras de los Estados miembros impacta también a los Estados “terceros”.

Como prueba, subrayar el papel de las fuerzas armadas en la gestión de las fronteras en Hungría, Croacia, Macedonia, o en Eslovenia, y en las fronteras de Italia y de Grecia, en los hotspots. Lejos de Europa, en la región del Sahel, las operaciones militares europeas de lucha contra el crimen transfronterizo y el terrorismo son un recurso más para cortar las rutas migratorias, con el consiguiente riesgo de instrumentalizar el enfoque de la seguridad y de desestabilizar aún más la sub-región. Roma desarrolló así la idea de que se pudiera controlar las fronteras africanas, sobre todo sahelianas, con el apoyo de misiones como Eucap Sahel, lanzada en 2012[39].

En su plan llamado “Migration compact” – propuesto a la Comisión europea en abril de 2016 – Italia tiene como objetivo concluir acuerdos entre la UE y algunos países africanos para intercambiar ayudas de cooperación a cambio de una mayor lucha contra la inmigración « irregular ».[40]

Este proceso de contención se extiende también a las fronteras internas de Europa.

Cierre de las fronteras interiores

Aunque se supone que el territorio de la Unión es un espacio de libre circulación de las personas (Schengen), varios Estados miembros decidieron cerrar sus fronteras frente a la llamada “crisis migratoria”. Así, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Republica checa, Bélgica, Noruega, Dinamarca, y Suecia, restablecieron en 2015 y 2016 controles en sus fronteras nacionales[41], en nombre de la protección de la soberanía nacional y de la integralidad del espacio Schengen. En el este, los Estados empezaron a construir nuevos muros y alambradas[42]: entre Austria y Eslovenia, entre Grecia y Macedonia, pero también entre Hungría por una parte y Serbia y Croacia por otra.

Austria también anunció su intención de construir una valla con su frontera italiana, donde ya fueron reforzados los controles.

Y eso, aunque el director de Frontex recuerda que “los Estados miembros tienen que entender que, en lugar de desplegar centenares de policías en sus fronteras nacionales, sería más útil enviarles en las fronteras exteriores. La verdadera frontera de Francia está en Veintimilla, pero también en Lampedusa, en Lesbos, en Melilla[43].

  1. Alejamiento de los migrantes o la colaboración con los países terceros en la contención de los flujos migratorios

Con esta misma lógica, la UE está consolidando el desplazamiento de sus fronteras externalizando su política migratoria, especialmente al obtener la colaboración de países terceros. El objetivo es retener a los potenciales exiliados que quisieran irse a Europa, impidiendo su salida. La Agenda europea en el ámbito migratorio subraya así que “la colaboración con los países de origen y de transito es imprescindible”. En el plan de acción de la UE en el ámbito del retorno del 9 de septiembre de 2015[44], la Comisión europea se comprometió a abrir nuevas negociaciones sobre los acuerdos de readmisión con países de origen claves, además de los 17 acuerdos ya concluidos y de la veintena de procesos de negociación abiertos[45].

De hecho, la política de externalización no es nueva, pero se intensifica en respuesta a la “crisis migratoria” y la UE se focaliza en países y regiones particulares[46].

La Agenda europea en el ámbito de la inmigración precisa por ejemplo que “Turquía es un buen ejemplo de países con el cual sería muy benéfico intensificar la cooperación”. En 2014, la UE ya había firmado con Turquía un acuerdo de readmisión. El 29 de noviembre de 2015, se adoptó un plan de acción común por las dos partes, para negociar una cooperación más estrecha. En este marco, Europa espera de Turquía que se comprometa a impedir las salidas de migrantes desde sus costas hacia Grecia, a cambio de contrapartidas financieras, políticas y diplomáticas.

El 18 de marzo 2016, el Consejo europeo (jefes de gobierno y de Estado de los 28 Estados miembros) y Turquía, concluyeron un “arreglo” que prevé el retorno hacia Turquía de todas las personas en migración llegadas a las islas griegas a partir del 20 de marzo, incluyendo los solicitantes de asilo para quienes Turquía fue considerada un país seguro. Para cada sirio retornado a Turquía, se supone que otro sirio será reubicado en Europa desde Turquía (principio del uno por uno/con un tope de 72 000 personas)[47].

Por otro lado, Turquía tiene que vigilar y prevenir la apertura de nuevas rutas migratorias hacia Europa desde su territorio. A cambio, Europa se compromete en financiar la acogida de los refugiados sirios en Turquía (3 000 millones € suplementarios “a favor de los refugiados en Turquía”), acelerar la liberalización del régimen de visados para los nacionales turcos y abrir nuevos capítulos de negociaciones en el proceso de adhesión de Turquía a la UE.

La cooperación UE-Turquía, estratégica en el cierre de las rutas migratorias hacia Europa, parece replicar otros modelos. En primer lugar, el modelo español, basado desde los años 90 en la estrecha colaboración con Marruecos en la frontera sur de España. Luego, la colaboración entre Italia y la Libia del coronel Khadafi en 2008, que permitió la intercepción y la devolución sistemática de miles de migrantes hacia Libia, hasta que esas prácticas fueran condenadas por el Tribunal europeo de derechos humanos (Hirsi y otros c. Italia)[48].

Europa busca igualmente intensificar la cooperación con África[49]. Aunque el artículo 13 del acuerdo de Cotonou de 2000 obliga teóricamente los países africanos a firmar acuerdos de readmisión con la UE, en realidad, Europa tiene dificultades para negociar estos compromisos, sin embargo al centro de la política de externalización y de “retorno” de la UE. En noviembre de 2015, la UE organizó la cumbre de La Valeta, con el objetivo de incitar los países africanos a contribuir más activamente en los controles migratorios antes de que los migrantes lleguen a las fronteras europeas[50]. En este contexto, la UE ha desembolsado un fondo financiero de urgencia de 1,8 mil millones de euros, que vincula peligrosamente la ayuda al desarrollo con la lucha contra la inmigración « irregular » y con los retos de seguridad y la lucha contra el terrorismo.

Siguiendo la misma lógica, Italia propuso en abril de 2016 a la Comisión Europea, generalizar el modelo de acuerdo UE-Turquía con un plan llamado « Migration Compact », como vimos anteriormente: se trata de proporcionar una serie de ayudas financieras a los países africanos a cambio de una mayor cooperación en la lucha contra la inmigración « irregular » y en las operaciones de « retorno » desde la UE. En junio de 2016, una comunicación de la Comisión Europea[51] propone intensificar la cooperación con los países africanos a través de una importante dotación de fondos, oficialmente para el desarrollo, pero destinados en realidad a mejorar el control de fronteras y a facilitar la readmisión de las personas en migración.

En vista de estos elementos, está claro que contrariamente a los anuncios de los gobiernos europeos, la prioridad en el seno de la UE frente al éxodo y los naufragios de miles de personas no ha sido el salvamento de los exiliados, la apertura de vías de pasaje legales y seguras o la acogida en Europa. Bajo el pretexto de evitar « nuevos dramas de la migración », los Estados miembros han lanzado en realidad, un conjunto de medidas dirigidas a reforzar los obstáculos de acceso al territorio europeo, desembocando en violaciones masivas de derechos fundamentales, en nombre de la lucha contra la inmigración irregular y los traficantes.

2). El impacto del enfoque « hotspot »

Frente a la crisis migratoria, la UE ha elegido deliberadamente aplicar una política de control (a) con un carácter policial y militar que tiene por consecuencia la muerte de miles de personas obligadas a poner sus vidas en peligro (b), a falta de visados u otras vías legales que les permitan ejercer su derecho a salir de su país, o sino sufrir un arresto domiciliario en países “terceros”, que aceptan que la UE cierre sus fronteras (c).

  1. Primacía del control sobre el salvamento y la acogida

Sin duda, la « crisis » podría haber sido evitada si la UE hubiese decidido llevar a cabo una política de acogida organizada y ambiciosa a la altura de la situación humanitaria desastrosa en el mundo.

Pero bajo el pretexto de « evitar las muertes en el mar », la UE ha estructurado la inaccesibilidad a su territorio en respuesta al éxodo y a los naufragios de miles de personas consideradas todas, a priori, como “clandestinas”, desdeñando así los posibles refugiados.

Sin embargo, según las cifras oficiales[52], la mayoría de personas llegadas en 2015 a las costas mediterráneas provenían del Cuerno de África (Somalia, Eritrea), Siria, Afganistán e Iraq. En aplicación de las convenciones internacionales ratificadas por los Estados europeos, tienen a priori el derecho a acceder a alguno de los Estados para poder solicitar, incluso obtener, una protección internacional.

Pero los responsables políticos europeos se niegan a día de hoy a acoger a las personas en busca de protección. Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto albergan ellos solos más de 4,5 millones de refugiados llegados de Siria[53], mientras Europa tiene dificultades para repartir a 160.000 solicitantes de asilo en dos años y entre los 28 Estados miembros. Las autoridades europeas intentan incluso frenar las llegadas, a pesar de una situación humanitaria extremadamente alarmante tanto en Oriente Próximo (Siria, Iraq, Afganistán) como en África Subsahariana (Sudán, Eritrea, Somalia, Nigeria, República Centroafricana).

Una de las primeras dificultades para los exiliados es obtener un visado para acceder a un país europeo, ya que los Estados miembros de la UE se niegan a otorgarlos. Peor aún, los dispositivos como el visado de tránsito aeroportuario[54] impuesto a los sirios por una docena de Estados de la UE[55] con el fin de restringir el acceso a las fronteras aéreas, constituyen un obstáculo para el derecho de asilo. Se impide a estas personas, objetivamente en situación de buscar una protección internacional, poder registrar una solicitud de asilo en los aeropuertos europeos[56] y así entrar legalmente en Europa.

Es sin embargo evidente que si éstas personas obtuvieran visados y pudieran viajar a Europa con total seguridad, no arriesgarían sus vidas, por vías terrestres o marítimas, pagando sumas astronómicas a los traficantes, convertidos en actores necesarios para su salvación.

Más allá de la concesión de visados, los Estados europeos podrían haber tomado la decisión de crear corredores humanitarios para facilitar el pasaje seguro de civiles en peligro. Incluso, podrían haber decidido activar – por primera vez – la Directiva europea sobre la protección temporal, prevista en caso de llegadas masivas de personas que huyen de países en conflicto, totalmente aplicable al caso sirio desde 2011.

Pero no fue así. Se prefirió aumentar la asignación de recursos a Frontex con el objetivo de reforzar el control, lo que muestra claramente que la protección de vidas humanas y la acogida no son las prioridades de las políticas europeas, sino que éstas se basan en el alejamiento de los migrantes y solicitantes de asilo.

  1. Unos dispositivos de seguridad con un elevado coste humano y económico:

 Los desvíos de las rutas migratorias:

El refuerzo de los dispositivos de control y de seguridad tiene fuertes consecuencias sobre los migrantes. Estos obstáculos multiplican los riesgos, los gastos y el tiempo de itinerario, bloqueando las personas en países de tránsito que no respetan los derechos humanos, y modifican las vías de paso, así como la acción de pasadores de fronteras y traficantes. Sin embargo, no disuade a las personas obligadas a exiliarse de intentar cruzar las fronteras.

Estos obstáculos les obligan a modificar sus itinerarios, a utilizar vías alternativas, que son siempre más largas, costosas y peligrosas y agravan cada vez más la situación de los exiliados en estas rutas que se van modificando según aumentan los controles y las barreras.

Tras la sangrienta represión, por parte de las policías española y marroquí, contra migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla en otoño de 2005, que costó la vida al menos a 11 personas[57], así como la militarización del norte de Marruecos con el objetivo de impedir las salidas hacía España, los migrantes han adaptado sus rutas, yendo más al sur, hacía el Sahara Occidental, o saliendo desde Senegal y Mauritania. Otra vez, la colaboración de España con los países del sur y la operación de vigilancia Hera de Frontex, lanzada en julio de 2006 – todavía en marcha – a lo largo de las costas senegalesas, mauritanas, cabo-verdianas y gambianas, han conseguido ralentizar los movimientos migratorios originarios del oeste africano en dirección a las Islas Canarias. En 2008, las llegadas de migrantes, de Libia a Italia se concentran en el sur de la parte central del Mediterráneo, por lo que se firmó un tratado de amistad entre los dos países[58] para bloquear las salidas a cambio de violaciones masivas de los derechos de los migrantes, encerrados y maltratados en Libia[59]. Más tarde, a finales de 2015, tras el despliegue de los dispositivos de seguridad en esta parte del Mediterráneo (Operación Tritón de Frontex) y del riesgo que supone este trayecto para los exiliados, las rutas migratorias se han desplazado hacia el Mediterráneo oriental, entre Turquía y Grecia. Las islas griegas se convierten en la puerta principal para llegar a Europa. De nuevo, es un acuerdo entre la UE y Turquía que parará los movimientos migratorios antes de que lleguen a la UE.

Estos obstáculos impuestos a lo largo de las rutas de los migrantes implican la aparición de campos improvisados y lugares de confinamiento a cielo abierto. Así, en 2016, las islas griegas se han convertido en “nasas” al mismo nivel que los dos enclaves de Ceuta y Melilla (frontera hispano-marroquí), Calais (frontera franco-británica) e Idomeni (frontera greco-macedonia), como antes lo fueron Oujda y Patras. Estos lugares se multiplican en Europa e impiden la circulación de personas hacia la UE. Estos cuellos de botella se caracterizan de facto por las violencias policiales recurrentes y, más generalmente, por la negación de los derechos de las personas en migración bloqueadas en su itinerario[60].

 Muertes en migración

Debido a la multiplicación y a la tecnologización de los obstáculos sobre los itinerarios migratorios, la ruta hacia Europa se ha convertido en un auténtico cementerio.

La cifra que debería alarmarnos no es tanto la del número de llegadas a Europa, fruto de una situación humanitaria deplorable, sino más bien la cifra – estimada – de las personas en migración que mueren intentando llegar al territorio europeo, resultado de las políticas migratorias represivas.

A 24 de junio de 2016, el consorcio de periodistas « The Migrants File »[61] había contado 34.861 personas muertas intentando llegar a Europa[62] desde los años 2000, precisando que éstas cifras están estimadas a la baja alrededor de un 50%. Por otra parte, el ACNUR ha declarado que el Mediterráneo fue la ruta más mortal del mundo en 2014, con 3.419 muertos[63]. En 2015, más de 3.770 personas fallecieron en el mar según la OIM[64]. El año 2016 se anuncia aún peor. El 30 de septiembre de este año, se podían contar ya 3 502 víctimas, lo cual representa un aumento de casi 20% en relación al mismo período del año precedente[65]. La evolución de las rutas migratorias en función de las barreras y de los controles se hace eco del aumento exponencial de estos dramas humanos[66], que no son una fatalidad y que podrían evitarse. Su repetición solo demuestra que la Unión Europea no tiene la voluntad de impedirlos.

En efecto, numerosos naufragios podrían haberse evitado. Por un lado, por la elevada presencia de importantes barcos de todo tipo en las zonas marítimas implicadas, probando la existencia de disfuncionamientos. Es especialmente el caso del “left to die boat” que causó la muerte de 63 personas en 2011[67]. Este caso es particularmente emblemático del rechazo a asistir los barcos en peligro, en violación del derecho marítimo: un barco que partió de Libia, con 72 personas a bordo, de las cuales sobrevivieron solamente 9, estuvo a la deriva durante dos semanas sin que ninguna entidad respondiera a sus llamadas de socorro ni acudiera en su asistencia. Sin embargo, resulta llamativo que a pesar de la presencia de numerosas embarcaciones militares implicadas en la intervención militar que pretendía tumbar el régimen de Libia, nadie acudió al socorro de esta embarcación (nunca esta zona del Mediterráneo había estado tan vigilada). A la vista de ese drama, queda claro que los Estados implicados no respondieron a sus obligaciones[68].

Por otra parte, al remplazar la operación de rescate Mare Nostrum por una operación de vigilancia en el marco de Frontex, la UE ha deliberadamente priorizado la disuasión por encima de las vidas humanas. Las capacidades, así como los recursos, de la operación Tritón no han sido pensadas para el salvamento. Haciéndolo, los Estados europeos sabían perfectamente cuáles serían las consecuencias de esta negligencia[69].

Lejos de incitar a los “políticos” a cambiar de paradigma, la multiplicación de estas “tragedias migratorias” – fruto de decisiones conscientes – son instrumentalizadas para echar toda la responsabilidad sobre las “redes mafiosas” y justificar así un nuevo endurecimiento de las políticas migratorias. Las autoridades europeas esquivan de esta manera su parte de responsabilidad al mismo tiempo que cortan toda posibilidad de acceder legalmente a Europa a las personas migrantes – a menudo en búsqueda de protección – fallando a su deber de prestar socorro y solidaridad.

A día de hoy, la UE y los países vecinos, que encarnan el rol de gendarmes de Europa, no han asumido nunca su parte de responsabilidad en estas tragedias.

Más allá del coste exorbitante en vidas humanas, la aplicación de todos estos obstáculos a los movimientos migratorios atañe igualmente un elevado precio en términos económicos.

Fondos extraordinarios a disposición del alejamiento

Si ha habido un sector beneficiario de la “crisis migratoria”, de la militarización de las fronteras y los mares, éste es el de la seguridad.

Desde hace 15 años, los países europeos emplean recursos económicos colosales para mantener a distancia a los migrantes, disuadiéndoles e impidiéndoles el acceso a la UE. Así, desde los años 2000, la UE ha gastado 13 mil millones de euros en la lucha contra la inmigración irregular (vigilancia, detención, expulsión)[70].

Son esencialmente los grandes lobbies industriales de defensa y seguridad, así como las grandes empresas privadas especializadas, los que sacan provecho de la gestión de la seguridad de las fronteras.

Desde 2003, la UE ha creado grupos de trabajo y reflexión sobre la definición de los objetivos de Europa en materia de control de fronteras. Aprovechando el efecto post 11 de septiembre 2001 en Nueva York, los dirigentes europeos legitiman el refuerzo de la lucha contra el terrorismo y los controles de las fronteras exteriores.

Entre 2003 y 2010, la Comisión Europea organizó varios think thanks con el conjunto de expertos en tecnología punta sobre la seguridad de las fronteras: empresarios, investigadores, militares, profesionales de la industria aeronáutica etc.

Gracias a los presupuestos en “investigación” desembolsados por la UE, estas mismas empresas y profesionales que habían aconsejado sobre esta línea, son los primeros beneficiarios de estas políticas de seguridad. Son los encargados de desarrollar la tecnología punta que será vendida a los Estados miembros para el control de las fronteras europeas y/o de aquellos países terceros quienes cooperan con la UE en la lucha contra las migraciones.

Estos grupos de trabajo y estas negociaciones van a influir enormemente en el proceso de construcción del régimen de inmigración y asilo común en el seno de la UE[71].

El mercado de la seguridad es de hecho extremadamente dinámico, puesto que los dispositivos quedan rápidamente obsoletos y necesitan mejorarse constantemente.

La industria de seguridad y defensa representa así el 25% de la industria europea. Esto justifica igualmente el aumento del presupuesto de la UE para la compra de dispositivos cada vez más eficaces.

La agencia europea Frontex ha sido asociada desde el principio a estos trabajos de investigación, de los que se ha beneficiado igualmente. Desde su creación, el presupuesto de la agencia está en constante aumento. Es la agencia más financiada de la UE. Su presupuesto ha pasado de 19 millones de euros en 2006, a 118 millones en 2011 y 254 millones en el presupuesto provisional de 2016, lo que equivale a un incremento de más del 1236% en diez años… Por otra parte, un presupuesto de 322 millones[72] ha sido anunciado para la agencia, una vez revisado el mandato de Frontex.

En 2015, el presupuesto en seguridad de la UE se estimaba en 15 mil millones de euros, y está previsto que aumente hasta los 29 mil millones en 2022[73]. El financiamiento total de la UE para las medidas ligadas a la seguridad de las fronteras se sitúa alrededor de los 4,5 mil millones de euros entre 2004 y 2020.

Finalmente, la parte esencial de los recursos desembolsados por la Unión Europea – con el consentimiento del Parlamento europeo – está destinada a reenviar o alejar los migrantes mediante la colaboración de los países terceros. Es decir, la UE exporta su lógica y sus métodos en seguridad más allá de sus fronteras.

  1. El alineamiento de los países terceros

Para contener los potenciales migrantes que quisieran venir a Europa y fijarlos en sus regiones de origen, Europa está dispuesta a realizar todo tipo de concesiones. Con el pretexto de la cooperación y la ayuda al desarrollo, la UE se presta a un auténtico mercadeo con los Estados de origen y de tránsito con el objetivo de subcontratar el control de sus fronteras y de restringir las posibilidades de libre circulación para los extranjeros.

Apropiación de las medidas “securitarias” europeas más allá de sus fronteras:

Los controles fronterizos y las capacidades represivas de los países terceros son reforzadas bajo el impulso, apoyo y financiamiento de la UE, especialmente en Níger[74], Mali[75], Mauritania[76], Senegal, Nigeria[77], Angola[78] y Sudan[79]. Estos acuerdos se negocian con países conocidos por pisotear los derechos humanos o por poner en cuestión la libertad de circulación de determinados espacios subregionales, como la CEDEAO, despreciando las necesidades de sus habitantes y la legislación en vigor. Así, En Níger, país de tránsito por excelencia, un paquete de 75 millones de euros ha sido negociado con la UE para reforzar los controles en las fronteras y evitar que los migrantes lleguen a Libia. Además, este país clave acepta la readmisión de sus ciudadanos interpelados en situación administrativa irregular en el territorio de un Estado europeo, así como de cualquier extranjero que haya pasado por Níger en su itinerario hacia Europa.

La biometrización de los documentos de identidad de los nacionales del Sur también empieza a generalizarse, una vez más bajo el impulso de la UE, que contribuye a que los países terceros puedan identificar y trazar los movimientos migratorios en su territorio. Así, en 2012, las autoridades mauritanas crearon el permiso de residencia biométrico para todos los extranjeros viviendo en el país. Senegal y Mali también siguen el mismo proceso de biometrización de los documentos civiles y permisos de residencia de los extranjeros.

La privación de libertad de las personas en migración también tiende a reforzarse fuera de los Estados europeos. Ya existe un centro de detención en Agadez (Níger), que podría ser destinado a organizar “retornos” antes de que os migrantes alcancen las fronteras europeas, como resultado de la Cumbre euroafricana de La Valeta de noviembre de 2015. Recientemente, el Comité de la ONU para la protección de los derechos de los trabajadores emigrantes y de sus familias también animó Senegal a crear centros de retención[80].

Algunos países, como Mauritania no esperaron para detener personas en condiciones deplorables, primero en el tristemente famoso “Guantanamito” de Nuadibú, y luego en Nuakchot, en el centro “Bagdad”, o para practicar devoluciones “en caliente” en las fronteras.

En Sudán, uno de los regímenes más represivos del mundo – con el cual colabora sin embargo la UE en el marco del “proceso de Jartum”-, se creó otro campo[81]. El 13 de mayo de 2016, el periódico alemán Der Spiegel[82] desvela la existencia de negociaciones europeas con Sudán y divulga un proyecto de construcción de dos centros de retención y la entrega de sistemas de vigilancia (escáner y materiales de identificación) que podrán ser utilizados contra la oposición política, en una dictadura cuyo Presidente tiene varios órdenes de detención por genocidio y crimen contra la humanidad dictados por el Tribunal Penal Internacional.

Es también de temer que el fortalecimiento de las capacidades represivas de los países terceros y el deterioro de los derechos y condiciones de sus nacionales contribuyan a transformar potenciales migrantes en solicitantes de asilo, procurando huir de su país para encontrar protección en un país seguro[83].

No obstante, y esa también es una consecuencia de la externalización, algunos países – como Marruecos – criminalizan la salida no autorizada de su territorio creando un delito de “emigración ilegal”, aunque la prohibición de salir del país del que uno es nacional contraviene al derecho internacional[84]. Esta disposición recibió sin embargo el aval de la conferencia de los ministros del Interior del Mediterráneo occidental, (Niza, mayo del 2006), que en un comunicado “saluda[ba] los esfuerzos de los países de la orilla meridional del Mediterráneo para contener la emigración ilegal hacia Europa“. Los ministros del Interior del Mediterráneo occidental respaldaban así la idea de que sería normal que una gran parte de la población mundial estuviera bajo arresto domiciliario[85].

***

Desde más de 20 años, Europa ha demostrado su incapacidad en responder a los imperativos de acogida y de protección internacional reforzando un conjunto de medios casi-militares que pone en peligro a las personas en migración, en contra del derecho y de los valores que pretende defender.

A pesar de su impacto devastador en Europa y más allá de sus fronteras, la UE acentúa la lucha contra la inmigración irregular, convertida en su leitmotiv, y convierte el extranjero el chivo expiatorio ideal de los males de Europa.

Finalmente, la llamada crisis migratoria” no sólo sirve los intereses de los lobbies industriales y de los partidos de extremo-derecha, sino que permite útilmente desviar la atención de la opinión pública de las numerosas dificultades políticas, económicas y sociales sufridas al diario.

III/… Reveladora de una Europa en crisis

Bajo pretexto de responder a una supuesta “crisis migratoria”, y en contra del sentido común, los dirigentes europeos usaron las mismas herramientas que la originó, y que revelaron sin embargo su ineficacia y peligrosidad (1). Esta crisis, que no es otra cosa que una crisis de las políticas migratorias y de la acogida, desvela una Europa sin aliento y dividida, profundamente en crisis, y cuyos fundamentos se están desmoronando (2).

  1. Una política migratoria usada e ineficaz y en contra de los derechos:

Estancada en una postura rígida y securitaria en el ámbito de las migraciones y del asilo, la UE no ha sabido renovarse ni adaptarse a los desafíos de nuestro mundo globalizado y a la evolución progresiva del fenómeno migratorio. Desde los años 90, no ha modificado en nada sus políticas represivas para “luchar contra la inmigración clandestina”.

Su programa, su método y su discurso, basados en el rechazo y el alejamiento de los “indeseables”, son repetidos y declinados desde hace 25 años, sin tener en cuenta la multiplicidad y la evolución de los factores de salida de las personas en migración.

La UE vive en una constante repetición

Al contrario de lo que se desprende de los discursos oficiales y la Agenda europea de migración, el año 2015 no representó una ruptura con el precedente programa en el ámbito de la migración y del asilo. Los dirigentes europeos reforzaron recursos ya existentes en el programa de lucha contra la inmigración irregular bajo la forma de estrategias supuestas innovadoras: aumento de los medios financieros asignados a la lucha contra la “inmigración clandestina” y las redes de traficantes, identificación y selección en las fronteras, detención de los indeseables, colaboración incrementada con los países de origen y de tránsito.

Tantas recetas represivas implementadas para contener las migraciones que hasta aquí nunca han funcionado y que se revelaron en contra de los derechos fundamentales de las personas. A pesar de no haber realizado ninguna evaluación oficial de estas políticas y de su impacto devastador sobre las personas en migración, y del fracaso en contener las migraciones en los últimos 25 años, la UE persiste en su lógica securitaria.

¿Por qué se empeña la UE con herramientas soberanistas que no funcionan y que violan los derechos? Sera porque las respuestas securitarias y supuestamente « novedosas » frente a las llegadas de personas en migración permiten comunicar sobre un balance político de rendimiento securitario, afirmando que la situación está bajo control, y restaurar así la autoridad europea. Para hacer olvidar una Europa que sufre una profunda crisis existencial.

  1. Una crisis moral o el cuestionamiento de los fundamentos de Europa:

Si la crisis europea se ha cristalizado alrededor de las cuestiones migratorias, es en realidad mucho más profunda porque toca los principios y valores que pretende defender la UE.

Los dirigentes europeos desarrollaron una comprensión totalmente retorcida de la “crisis migratoria”, a partir de la cual ya nadie es sujeto de derechos universales (distinción entre el “bueno” y el “mal” migrante y entre el “bueno” y el “mal” solicitante de asilo), y donde los movimientos migratorios son criminalizados, penalizados y reprimidos. Eso, cuando el derecho internacional – que reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio – debería ser la única brújula de una Europa protectora de los Derechos humanos.

Al aliso de esta supuesta “crisis migratoria”, la UE parece haber renunciado a sus fundamentales universalistas demasiado molestos. Al privilegiar en 2015 una lógica represiva y mortal, Europa se convirtió en una tierra de inhospitalidad y de violaciones de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo.

Haciendo eso, la UE pisotea sus propios logros, desdeñando sus obligaciones internacionales.

Cuestionamiento del principio de libre circulación en el espacio Schengen

No es la primera vez que se reintroducen los controles en las fronteras internas de Europa. Ya en 2011, el principio de libre circulación en el espacio Schengen había sido cuestionado a la iniciativa de Italia y de Francia, en reacción a otra “crisis migratoria”, la de las Primaveras Árabes.

En 2015, asistimos de nuevo a un fortalecimiento de las barreras internas, en nombre de la protección de la soberanía nacional, pero también de la integridad del territorio europeo. También es una medida de desconfianza entre los Estados miembros. Así, Grecia ha sido marginada a causa de su vulnerabilidad y de su incapacidad para “detener los flujos migratorios” hacia su territorio. Fue acusada de negligencia y de fallo en el control de sus fronteras exteriores por la UE y estuvo a punto de verse expulsada del espacio Schengen en 2015.

Esta crispación reveló una Europa desunida, sin ninguna solidaridad. Los muros fueron edificados/restablecidos en las fronteras internas y la mayoría de los países de Europa se negaron a acoger a solicitantes de asilo/refugiados reubicables, en un contexto de brotes de xenofobia y terrorismo, una ganga para los populistas de todo tipo.

Esta misma “crisis” reveló una Europa replegada sobre sí misma y sus “soberanismos”, cuya política de inmigración común no está basada en la acogida, sino en la lucha contra la inmigración irregular. En esta situación, sólo Alemania dio muestra de modo temporal de solidaridad abriendo sus fronteras a 500 000 personas y suspendiendo el Reglamento Dublín para los nacionales sirios. Pero concedió al mismo tiempo el estatuto de “país seguro” a Macedonia, Albania y Kosovo, permitiendo así facilitar el examen de las solicitudes de asilo y el retorno de los nacionales de dichos países. También decidió reintroducir en septiembre de 2015 los controles en sus fronteras, y rebajar los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados presentes en su territorio[86] (Ayudas en especie en lugar de dinero en efectivo, revisión de seis a tres meses del efecto suspensivo de las medidas de expulsión en caso de denegación de las solicitudes de asilo). Por último, la canciller alemana Ángela Merkel desempeñó un papel determinante en la negociación que llevo la Unión Europea a la firma del acuerdo con Turquía, que permite a la UE soslayar sus obligaciones respecto a las personas en busca de protección. Esto ha sido posible al subcontratar a Estados terceros la gestión de los migrantes y solicitantes de asilo.

Violación del derecho de asilo y del principio de no devolución

La “Declaración” del 18 de marzo entre la UE y Turquía permite rechazar a los refugiados fuera de sus fronteras. Sin embargo, este proceso de externalización del asilo a un país fuera de la Unión Europea se hace en violación del principio de no devolución previsto por el Convenio de Ginebra. Además, al subcontratar sus obligaciones a Turquía, los Estados miembros huyen de sus responsabilidades en violación del derecho de asilo.

Por otra parte, al validar la devolución hacia Turquía de todos los migrantes y solicitantes de asilo cuya solicitud fue declarada inadmisible a trámite, la UE da por sentado que Turquía es un país “seguro” tanto para sus nacionales como para los extranjeros que son ahí reenviados.

No obstante, numerosas ONGs se elevaron contra esta apreciación[87]. Por el contexto represivo que prevale hoy en Turquía (amordazamiento y criminalización de la oposición política y de toda forma de protesta, detención de periodistas, de catedráticos de universidad y de juristas asimilados a terroristas), o el hecho de que sólo concede el estatuto de refugiado a nacionales europeos[88]. Sin hablar de las condiciones discutibles en las que alberga a más de tres millones de exiliados[89]. Más preocupante aun, las organizaciones de defensa de los derechos han alertado sobre graves violaciones del principio de no devolución[90], pero también sobre graves violencias en contra de solicitantes de asilo[91] en las fronteras de Turquía. Por último, para facilitar las devoluciones desde su territorio, Turquía también firmó acuerdos de readmisión con Grecia, Yemen, Bosnia Herzegovina, Kirguizistán, Paquistán, Rumania, Ucrania, Bielorrusia, Montenegro, Moldavia, Kosovo, Noruega, Siria, Rusia, Uzbekistán, Egipto y Nigeria. Otros acuerdos están en proceso de negociación con China, India, Irán, Iraq y Marruecos[92].

Colaboraciones perniciosas

Además de Turquía, o Afganistán, los Estados europeos se giran hacia los dirigentes africanos para frenar las migraciones. Países estratégicos como Níger, Libia y Sudán son unos objetivos, sin que la UE se preocupe de la situación deplorable del respeto de los derechos humanos in situ. A cambio de convenios comerciales, políticos o financieros, los regímenes más represivos (particularmente Sudán y Eritrea, en el marco del “proceso de Jartum”), de los que huyen decenas de miles de solicitantes de asilo, se benefician de subsidios para retener a su población y “salvaguardar” sus fronteras. Estas negociaciones y su implementación van en contra de todas las obligaciones de la UE en materia de respeto de los derechos humanos, y de todos los principios que fundaron Europa.

Una opacidad y una marginación de las poblaciones y de los responsables políticos en la toma de decisiones

Esta política de alejamiento se implementa en nombre de los ciudadanos europeos, pero lejos de su mirada. En efecto, la sociedad civil está marginada de las negociaciones y de la ejecución de los acuerdos entre la UE y los Estados terceros de colaboración, mientras estos acuerdos tienen unos impactos directos sobre los derechos de las personas. Más grave aún, esa política de subcontratación se ejecuta sin la validación de los parlamentos nacionales de los Estados cooperantes ni del Parlamento europeo.

Esta externalización erosiona las responsabilidades

La externalización de los controles migratorios y del asilo fuera de las fronteras europeas diluya las responsabilidades a favor de un marco jurídico impreciso y de débiles controles. ¿Quién es responsable de las violaciones masivas de los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en los países de tránsito? ¿Los países miembros que actúan en violación de sus obligaciones internacionales o los países terceros que aceptan – a cambio de un verdadero chantaje político, económico y comercial – realizar las viles tareas que la UE no puede permitirse cumplir en virtud de su Carta de Derechos Fundamentales, y con las que se indigna cínicamente a posteriori?

La UE considera en cuanto a ella que no incurra en responsabilidad en cuanto a las consecuencias de sus opciones políticas (lucha contra “la emigración” con el apoyo de los países terceros, devoluciones en fronteras, expulsiones, retención en centros especializados, penalización de la entrada irregular en el territorio). Sin embargo, viola muchas de sus obligaciones internacionales al devolver personas hacia países no seguros, firmando acuerdos de readmisiones, o en su defecto un documento europeo de viaje, es decir un salvo-conducto que permite devolver hacia su país de origen a una persona sin documento de identidad válido[93].

Al considerar el conjunto de estos elementos, parece claro que Europa no se enfrenta a una crisis migratoria, sino a una crisis de las políticas migratorias de la UE y a una crisis de la acogida de sus Estados miembros.

[1] Migreurop, “Encierro de migrantes: El ‘modo de gestión’ privilegiado de las migraciones”, abril de 2013, disponible en http://www.migreurop.org/article2261.html

[2] Migreurop, “Frontex: El brazo armado de las politicas migratorias europeas”, marzo de 2014, disponible en http://www.migreurop.org/article2525.html

[3] Migreurop, “Acuerdos de readmisión: La ‘cooperación’ al servicio de la expulsión de migrantes”, diciembre de 2012, disponible en http://www.migreurop.org/article2276.html

[4] OIM, “Más de un millón de migrantes y refugiados han llegado a Europa en 2015, informó la OIM”, 22 de diciembre de 2015, disponible en https://www.iom.int/es/news/mas-de-un-millon-de-migrantes-y-refugiados-han-llegado-europa-en-2015-informo-la-oim

[5] El País, “700 inmigrantes desaparecidos tras hundirse su barco en aguas libias”, 19 de abril de 2015, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/19/actualidad/1429431225_038632.html

[6] ACNUR, “El Alto Comisionado de ACNUR pide a Europa que haga más por los solicitantes de asilo sirios”, 18 de julio de 2013, disponible en http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/1362-el-alto-comisionado-de-acnur-pide-a-europa-que-haga-mas-por-los-solicitantes-de-asilo-sirios ; ACNUR, “ACNUR insta a los países a hacer más por los refugiados sirios en Europa”, 11 de julio de 2014, disponible en http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/1773-acnur-insta-a-los-paises-a-hacer-mas-por-los-refugiados-sirios-en-europa

[7] Ver http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/

[8] ACNUR, “Con uno de cada 113 seres humanos afectados, el desplazamiento forzoso bate su cifra récord”, 20 de junio de 2016, disponible en http://www.unhcr.org/fr/news/press/2016/6/576404f7a/etre-humain-113-deracine-deplacement-force-atteint-niveau-precedent.html

[9] Frontex, “710.000 migrantes han llegado a la UE en los primeros nueve meses de 2015”, 13 de octubre de 2015, disponible en inglés en http://frontex.europa.eu/news/710-000-migrants-entered-eu-in-first-nine-months-of-2015-NUiBkk

[10] Nando Sigona (The Conversation), “¿Viendo doble? Como la UE cuenta mal a los migrantes que llegan a sus fronteras”, 21 de octubre de 2015, disponible en inglés en https://theconversation.com/quand-leurope-voit-les-migrants-en-double-ou-en-triple-49464

[11] Ver por ejemplo El País, “Las llegadas de extranjeros a Europa suman 710.000 hasta septiembre”, 13 de octubre de 2015, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/13/actualidad/1444749893_894284.html

[12] Según la OIM y el ACNUR, sobre la mitad eran sirios, el 20% afganos y el 7% iraquíes. Fuente: ACNUR/OIM, “Un millón de refugiados e inmigrantes huye hacia Europa en 2015”, 22 de diciembre de 2015, disponible en http://www.acnur.org/noticias/noticia/un-millon-de-refugiados-e-inmigrantes-huye-hacia-europa-en-2015/

[13] Artículo 31 párrafo 1 de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, 1951: “Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales”. Disponible en http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005

[14] “Programa de La Haya: 10 prioridades para los próximos cinco años”, disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al16002

[15] Comisión europea, Informe sobre reubicación y reasentamiento, 21 de octubre de 2016, disponible en inglés en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

[16] Migreurop, « Con los ‘hotspots’, la UE refuerza su política de devolución de los boat people, 21 de julio 2015, disponible en francés https://blogs.mediapart.fr/migreurop/blog/200715/avec-les-hotspots-l-ue-renforce-sa-politique-de-refoulement-des-boat-people

[17] Le Monde, « Pour le HCR, les ‘hotspots’ sont devenus des ‘centres de détention’ », 22 mars 2016, disponible sur http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/22/pour-le-hcr-les-hotspots-sont-devenus-des-centres-de-detention_4887931_3214.html ; Le Monde, « L’ONU réclame la ‘fin des détentions’ de migrants en Grèce », 16 mai 2016, disponible sur http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/05/16/l-onu-reclame-la-fin-des-detentions-de-migrants-en-grece_4920442_3214.html

[18] GISTI, “51 migrantes detenidos en Grecia del acuerdo UE-Turquía: el Tribunal europeo de los DDHH mira hacia otro lado”, 25 de junio de 2016 – Disponible en francés e inglés en: http://www.gisti.org/spip.php?article5414

[19]BBC Mundo, 3 de octubre de 2013 : “Al menos 130 inmigrantes muertos en Lampedusa”

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/10/131003_ultnot_italia_inmigrants_lampedusa.shtml

[20] La zona de operación de Tritón incluye las zonas de la operación Hermes (al sur de Sicilia y cerca de las islas de Lampedusa y Pantelleria) y Aeneas (en las costas de la Calabria y de la Apulia).

[21] Sin embargo, como cualquier actor en el mar, la agencia Frontex tiene que respetar el derecho internacional marítimo, que obliga rescatar a cualquier embarcación en peligro (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho marítimo de 1982, Convención internacional de 1974 para la seguridad de la vida humana en mar, Convención internacional de 1979 sobre búsqueda y salvamento marítimos).

[22] The Guardian, 22 de abril de 2015: “El director de la agencia Frontex dice que el rescate de los migrantes no es la prioridad de las patrullas” (inglés) http://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/eu-borders-chief-says-saving-migrants-lives-cannot-be-priority-for-patrols

[23] ibid

[24] El Periódico, 20 de abril de 2015,” Un fracaso cantado”

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/fracaso-cantado-4114780

[25] Charles Heller, Lorenzo Pezzani, “Muertes durante rescates: los efectos colaterales de la ausencia de asistencia en mar por los policiales europeos”, abril de 2016 – Disponible en inglés : https://deathbyrescue.org/

[26] Europa Forum Luxembourg : « La UE crea la operación “Tritón” en Mediterránea para reforzar las fronteras exteriores y ayudar a Italia para hacer frente a la llegada masiva de migrantes en sus costas, cuando Roma anuncio el fin de “Mare Nostrum” », 1 de noviembre de 2014 – Disponible en francés http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/10/triton-mare-nostrum-frontex/index.html

[27]             Frontexit, 22 de septiembre 2016, disponible en francés y en inglés: “A reinforced Frontex agency EU turns a deaf ear to NGO’s warnings”

[28] Frontexit, “Los diputados europeos votan a favor de la creación de una nueva agencia Frontex : nueva vulneración de los DDHH », 31 de mayo de 2016, disponible en francés e inglés : http://www.frontexit.org/fr/actus/item/780-les-deputes-europeens-s-appretent-a-voter-pour-la-creation-d-une-nouvelle-agence-frontex-un-deni-des-droits-humains

[29] Frontexit, “Los diez regalos envenenados de Frontex para su 10 aniversario”, diciembre de 2015 – Disponible en francés e inglés: http://www.frontexit.org/fr/docs/73-les-10-cadeaux-empoisonnes-de-frontex-pour-son-10eme-anniversaire/file

[30] DECISIÓN (PESC) 2015/972 DEL CONSEJO de 22 de junio de 2015 por la que se pone en marcha la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED), disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0972&from=FR

[31] Informe (junio-diciembre de 2015) sobre la operación EUNAVFORMED, 22 de diciembre de 2015, disponible en https://wikileaks.org/eu-military-refugees/EEAS/EEAS-2016-126.pdf

[32] Fiche d’information sur la mission EUNAVFORMED, 30 septembre 2016, disponible sur https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_fr_30_september_2016_1.pdf

[33] Wikileaks, “El director de Frontex aprueba el plan de intervención militar en contra de las pateras in Libia y en Mediterránea” 25 de mayo de 2015 – Disponible en inglés : https://wikileaks.org/eu-military-refugees/EUMC/eu-military-refugee-plan-EUMC.pdf ; Wikileaks, “ El grupo político-militar europeo en favor de una intervención militar en contra de las pateras en Libia y en el sur de la Mediterránea central”, 25 de mayo de 2015 – Disponible en inglés : https://wikileaks.org/eu-military-refugees/PMG/eu-military-refugee-plan-PMG.pdf

[34] OTAN, « Ficha de información : despliegue de la OTAN en el mar Egeo”, julio de 2016, disponible en francés e inglés http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-aegean-sea-fr.pdf

[35] ACNUR, “Reacción de ACNUR a la Declaración de los Jefes de Estado de la UE y del Gobierno de Turquía de 7 de marzo”, 8 de marzo de 2016, disponible en: http://www.acnur.org/noticias/noticia/reaccion-de-acnur-a-la-declaracion-de-los-jefes-de-estado-de-la-ue-y-del-gobierno-de-turquia-de-7-de-marzo/

[36] DECISIÓN (PESC) 2016/993 DEL CONSEJO de 20 de junio de 2016 por la que se modifica la Decisión (PESC) 2015/778 relativa a una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (operación EUNAVFOR MED SOPHIA):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0993&from=FR

[37] Mediapart, « L’OTAN en mer Egée – une manœuvre qui a eu le temps de mûrir », Article de Yerasimos Livitsanos, publié dans ‘Unfollow’ de mars 2016, traduit par Baptiste Dericquebourg : http://unfollow.com.gr/print-edition/29186/ ;https://blogs.mediapart.fr/baptiste-dericquebourg/blog/050416/lotan-en-mer-egee-une-manoeuvre-qui-eu-le-temps-de-murir-traduction

[38] Migreurop, “Es una guerra contra los migrantes : no una fatalidad, tampoco una responsabilidad de los traficantes”, 10 de agosto de 2015, disponible en francés  : https://blogs.mediapart.fr/migreurop/blog/100815/il-s-agit-d-une-guerre-aux-migrants-pas-de-la-fatalite-ou-de-la-responsabilite-des-passeurs-0

[39] Misión civil Eucap Sahel Niger 2012 – Ver : https://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-niger/pdf/factsheet_eucap_sahel_niger_fr.pdf – Ver también las conclusiones del Consejo sobre el plan de acción regional a favor del Sahel para 2015-2020

[40] “Migration Compact: contribución para una estrategia europea para externalizar el control de las fronteras”, http://www.governo.it/sites/governo.it/files/immigrazione_0.pdf

[41] Toute l’Europe, « Schengen : la carta de los controles en las fronteras nacionales », 23 de mayo de 2016 – Disponible en francés : http://www.touteleurope.eu/actualite/schengen-la-carte-des-controles-aux-frontieres-nationales.html

[42] Numerosas vallas ya existen desde hace mucho tiempo en las fronteras exteriores de la UE, por ejemplo, entre España y Marruecos (Ceuta y Melilla) o Grecia y Turquía (a lo largo del rio Evros). Una valla está en construcción entre Turquía y Bulgaria. Una valla existía entre Francia y el Reino-Unido en Calais, para permitir la externalización de los controles fronterizos británicos.

[43] L’Alsace, « Fabrice Leggeri, director : ‘Ni Europa-fortaleza, ni Europa-filtrada », 5 de octubre de 2015, disponible en francés: http://www.lalsace.fr/actualite/2015/10/05/fabrice-ligerri-directeur-ni-europe-forteresse-ni-europe-passoire

[44] COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Plan de Acción de la UE en materia de retorno 9 de septiembre de 2015, disponible en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_es.pdf

[45] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission/index_en.htm

[46] Migreurop, “Guerra contra los migrantes : arma de externalización”, Mediapart, 15 de julio de 2015 – Disponible en francés: https://blogs.mediapart.fr/migreurop/blog/150715/guerre-aux-migrants-larme-de-lexternalisation

[47] En julio de 2016, ya 511 sirios fueron readmitidos en la UE desde Turquía en el marco del acuerdo UE-Turquía del 18 de marzo de 2016.

[48] Hirsi Jamaa y otros c. Italie – Tribunal europeo de los DDHH, 23 de febrero de 2012 – Disponible en : http://urlz.fr/3QiG

[49] Arci, « Documento de analisis : Las etapas del proceso de externalizacion del control de fronteras en Africa, de la Cumbre de la Valette a hoy », junio 2016, disponible en : http://www.integrationarci.it/wp-content/uploads/2016/06/externalisation_docanalyse_ARCI_FR.pdf

[50] Migreurop, « Cumbre euro-africana de La Valette (Malta, 11-12 de noviembre 2015) : La UE constriñe sus vecinos a apoyar su política de no hospitalidad”, 12 noviembre de 2015, disponible en: http://www.migreurop.org/article2651.html

 

[51] Comision Europea, “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y el Banco europeo de inversiones sobre el establecimiento un nuevo marco para la colaboración con países terceros bajo la Agenda europea sobre Migraciones”, 7 junio 2016, disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf

[52] Carta de Roma, 31 de mayo de 2016 : “Desembarcos en Italia en 2016: algunos datos que refutan el alarmismo” Disponible en italiano: http://www.cartadiroma.org/news/slider/gli-sbarchi-italia-nel-2016-dati-smentire-lallarmismo/

[53] Amnistía Internacional, « La crisis de los refugiados sirios en pocas líneas”, 3 de febrero de 2016 – Disponible en: https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers/

[54] El visado de tránsito aeroportuario (VTA) está destinado a impedir a los viajeros que no disponen de una visa de entrada o de estancia de entrar de manera desviada en el territorio de un Estado haciendo escala en un aeropuerto.

[55] Para más precisiones, ver la página de la Comisión Europea sobre la política de visados :

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm

Una lista no exhaustiva de las obligaciones impuestas por los Estados miembro en materia de visas de transito aeroportuario está disponible en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_7b_atv-national_lists.en.pdf

[56] ANAFE/GISTI, « Cuando Francia intenta impedir a los sirios de huir », Comunicado de prensa, 4 de febrero 2013 – Disponible en francés : http://www.anafe.org/spip.php?article114

ANAFE/GISTI, “El Consejo de Estado abandona a su suerte a los refugiados sirios…saliendo al rescate del Gobierno francés”, Comunicado, 25 de marzo de 2013 – Disponible en francés : http://www.anafe.org/spip.php?article262

[57] Migreurop, « El libro negro de Ceuta y Melilla », informe, 2006 – Disponible en francés : http://www.migreurop.org/article981.html

[58] Combate por los derechos humanos, « Un acuerdo ítalo libio sobre la inmigración, contrapartida de la indemnización colonial italiana », 25 de octubre de 2008 – Disponible en : http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2008/10/25/un-accord-securitaire-italo-libyen-sur-limmigration-contrepartie-de-lindemnisation-de-lepoque-coloniale-italienne-par-sara-prestianni-migreurop/

[59] Migreurop-FIDH-JSFM, « Libia : acabar con el acoso a los migrantes”, Informe de misión, 2012 – Disponible en: http://www.migreurop.org/article2208.html

[60] Ver : https://www.hrw.org/fr/news/2015/01/20/france-les-migrants-et-les-demandeurs-dasile-victimes-de-violence-et-demunis; http://www.lavoixdunord.fr/region/violences-policieres-sur-migrants-l-onu-epingle-ia33b48581n2966935;  https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/10/08/le-defenseur-des-droits-rappelle-letat-de-droit/ ; https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2015/06/30/18-juin-de-lappel-a-la-rafle/

[61] The Migrants files Project – Disponible en : http://www.themigrantsfiles.com/

[62] Base de datos Migrants Files : http://urlz.fr/3PxF

[63] http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/10/un-nombre-record-de-migrants-ont-peri-en-mediterranee-en-2014_4537645_3224.html

[64] OIM, « La OIM contabiliza 3.771 muertes de migrantes en el Mediterraneo en 2015 », 1 de mayo de 2016, disponible en : https://www.iom.int/fr/news/loim-recense-3-771-deces-de-migrants-dans-la-mediterranee-en-2015

[65] OIM, “Se contabilizan 302.486 llegadas y 3.502 muertes de migrantes en el marhttp://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-302486-llegadas-y-3502-muertes-de-migrantes-en-el-mar

[66] http://15years.morizbuesing.com/

[67] Forensic Oceanography, Charles Helles, Lorenzo Pessani y Situ Studio, Informe sobre « Left-To-Die Boat » – Disponible en : https://www.fidh.org/IMG/pdf/fo-report.pdf

[68] Comisión de las migraciones, de los refugiados y de las personas desplazadas del Consejo de Europa, “Vidas perdidas en el Mediterráneo, ¿quién es el responsable?”, 5 de abril de 2012

[69] Charles Heller, Lorenzo Pezzani, « Muerte por rescate : los efectos letales de la politica europea de no asistencia en el mar », abril 2016, disponible en :  https://deathbyrescue.org/

[70] The Migrants files Project – Disponible en : http://www.themigrantsfiles.com/

[71] Sobre esta cuestión, ver Claire Rodier, “El negocio de la Xenofobia, para qué sirven los controles migratorios”, Clave Intelectual, 2013.

[72] El País, « Bruselas crea una policía de fronteras con 1.500 agentes », 15 de diciembre de 2015 – disponible en :

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/15/actualidad/1450191102_198417.html

[73] Transnational Institute, Stope Wapenhandel y Centre Delàs d’Estudis per la Pau, « Guerras de fronteras : los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa”, Mark Akkerman, mayo de 2016 – Disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/guerras-de-frontera-web.pdf

[74] Actu Niger : « Migraciones : Niger, el nuevo gendarme de Europa en la ruta contra los dlujos migratorios », 5 de mayo de 2016 – Disponible en: http://www.actuniger.com/societe/11581-migration-le-niger,-nouveau-gendarme-de-l-europe-dans-la-lutte-contre-les-flux-migratoires.html

[75] OIM : « La OIM refuerza la capacidad de gestion de las fronteras en Mauritania y en Mali », 12 de abril de 2016 – Disponible en : https://www.iom.int/fr/news/loim-renforce-la-capacite-de-gestion-des-frontieres-en-mauritanie-et-au-mali

[76] West Africa, « La OIM organiza la formación sobre seguridad en las fronteras con Mali y Mauritania », 14 de abril 2016 – Disponible en : http://westafricawire.com/stories/510714481-iom-organizes-border-security-training-with-mali-mauritania

[77] VOA Afrique, « Bruselas quiere un acuerdo de readmisión de migrantes con Nigeria”, 11 de mayo de 2016 – Disponible en: http://www.voaafrique.com/a/bruxelles-veut-un-accord-de-readmission-avec-le-nigeria-pour-les-migrants/3324868.html

[78] Agencia Angola Press, « Angola : la policía de fronteras recibe 120 vehículos », 11 de mayo de 2016, disponible en : http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2016/4/19/Angola-Police-Garde-Frontiere-recoit-120-voitures,ab78c7d5-e919-4a3e-92f1-3fd55c89345d.html

[79] The Guardian, « EU considering working with Sudan and Eritrea to stem migration”, 6 junio 2016 – Dispoonible sur: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/06/eu-sudan-eritrea-migration

[80] Seneplus, « Le Comité de l’Onu suggère la construction d’un centre de rétention », 30 abril 2016 – Disponible sur : http://www.seneplus.com/international/le-comite-de-lonu-suggere-la-construction-dun-centre-de-retention

[81] OIM, « IOM Opens the First Migrant Resource and Response Center in Sudan”, Diciembre2015

[82] http://www.spiegel.de/international/world/eu-to-work-with-despot-in-sudan-to-keep-refugees-out-a-1092328.html

[83] Ver « Les enjeux de la sécurisation de la question migratoire dans les relations de l’Union européenne avec l’Afrique. Un essai d’analyse », Lorenzo Gabrielli, 2007 : https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2007-2-page-149.htm

[84] Derecho a salir de cualquier país, incluso del propio : Art.13-2 Declaracion Universal de Derechos Humanos, Art.2 del Convenio europeo para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales

[85] Migreurop : « « Emigration illégale » : une notion à bannir », 13 juin 2006 – Disponible en : http://www.migreurop.org/article922.html

[86] http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/allemagne-pourquoi-angela-merkel-est-elle-si-genereuse-envers-les-refugies-503128.html

[87] Informe AEDH, EuroMed Droits, FIDH, LDH : « Turquía: los derechos humanos bajo toque de queda », Mayo 2016 – Disponible en : http://euromedrights.org/fr/rapport-pourquoi-la-turquie-nest-pas-un-pays-sur/

[88] Turquía ratificó el convenio de Ginebra de 1951 sobre los refugiados y su protocolo adicional sobre el asilo, pero aportando una reserva geográfica, lo que implica que sólo los nacionales europeos pueden gozar del estatuto completo de refugiado.

[89] Amnistía Internacional : « Tres nuevas pruebas de que el acuerdo UE/Turquía es ilegal », 3 junio 2016 – Disponible en : http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Refugies-et-migrants/Actualites/3-nouvelles-preuves-que-accord-UE-Turquie-est-illegal-18545

[90] Amnistía Internacional : « Turquía devuelve a refugiados sirios a Siria », 1 de abril 2016 – Disponible en : http://www.dw.com/fr/amnesty-la-turquie-renvoie-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-syriens-en-syrie/a-19158930

[91] Human Rights Watch : « Turquía : Guardas-costas han matado y herido a solicitantes de asilo sirios », 10 de mayo 2016 – Disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2016/05/10/turquie-des-gardes-frontieres-ont-tue-et-blesse-des-demandeurs-dasile-syriens

[92] Medhi Rais : « Los acuerdos de readmisión de la Unión europea », Revue Migrations Forcées n°51 – « Destination Europe », enero 2016 – Disponible en : http://www.fmreview.org/fr/destination-europe/rais.html

[93] Parlamento europeo : « Documento europeo de viaje : diputados y ministros concluyen un acuerdo informal » – 23 junio 2016 – Disponible en :

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160623IPR33673&language=FR&format=XML

 

 

Ensamblaje para entendernos

AUTOR: Héctor Silva Michelena, Economista, professor, Universidad Central de Venezuela

El 31 de marzo de 2016, en El Nacional, el padre Luis Ugalde escribía: “En Venezuela, tras el triunfo electoral del 6-D, luego de los primeros desahogos alegres, hay el peligro del bloqueo de los cambios: el gobierno, como no puede ni con todos sus motores verbales, se encierra en el castillo del poder y llama en su defensa al servil Poder Judicial y a la inestable lealtad de las armas. Mientras que los opositores demócratas concentran su esperanza en el Legislativo. Aunque el TSJ hable de leyes no ejerce de juez sino de parte, ni el debate es jurídico sino de poder político para someter al otro. El juego está trancado, entre el Legislativo haciendo nuevas leyes, y el Judicial bloqueándolas de antemano. Pero la miseria y desesperación de la gente avanzan y exigen cambios de fondo” (Elogio de la política, UCAB, 2016).

Más adelante, en el mismo artículo, el pare Ugalde formula esta proposición: “Para desbloquear el camino y reconstruir al país es imprescindible llegar a un acuerdo sobre un gobierno de salvación nacional con compromisos básicos respaldados por parte del chavismo y de la oposición democrática, con medidas de cirugía mayor para recuperar la democracia, con una economía que atraiga inversión, crecimiento y abastecimiento para una sociedad que recupere la esperanza”.

La excelencia del texto excusará la extensión de la cita. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? En los más de ocho meses transcurridos, el juego no sólo sigue trancado, sino que en el coto cerrado donde juegan payasos hipócritas que, fingiendo y fingiendo, han dado la espalda a millones de venezolanos, hiriendo de muerte a la esperanza y ahondándolos en la miseria. Sólo la camarilla gobernante, milico-civil, se ha beneficiado con esta calamidad pública, ya demasiado larga. No se requiere ser un sabio en ciencias sociales para sospechar que, bajo su aparente pasividad, emerge un volcán que vomita azufre y cenizas tóxicas.

En una entrevista reciente conducida por el lúcido periodista Alonso Moleiro (AM, en Tal Cual, 17 al 23 de noviembre), el ex rector de la UCAB afirma sin tapujos: “Esto es una dictadura con miseria para la mayoría”. Ante la pregunta de AM, Ugalde responde: “Yo te quiero decir por qué digo ‘arbitrariamente’ que estamos en una dictadura. En un país donde en una elección la oposición triunfa con dos tercios de la Asamblea y se dice ‘esa Asamblea cualquier decisión que tome es inválida, sin importar sin importar cuál es la argumentación’. Segundo, el Poder Judicial hace lo que yo, el Ejecutivo, le pido que haga; los militares sirven, no para proteger la Constitución, sino para defender al régimen (…) el control es total y el ideal para el dictador es que l dictadura sea aceptada por los súbditos”. Más claro, ni los claros clarines del gran Darío.

AM pregunta: ¿cómo se enfrenta una dictadura? Ugalde: “Lo peor que se puede hacer es empezar a regatear con la dictadura. Estamos secuestrados: nos secuestraron las elecciones, el abastecimiento, las medicinas, nos metieron un montón de presos a los que les han inventado delitos. La tentación puede ser empezar a rebajar, como ‘no me das todo’ porque eso es lo que se hace con el secuestrador. Pero eso es lo que no se puede hacer”. Yo, HSM, lo comparto. Empero, ¿no se está haciendo ya?

Consecuente con todo lo que ha predicado y escrito, el padre Ugalde nos propone lo siguiente para lograr un gobierno de salvación nacional: “Yo creo que un reto para los demócratas es comunicación, comunicación, comunicación con la población en doble dirección. En estos días ha habido mucha confusión. Uno entiende por la presión que tienen los dirigentes, incluso se enredan entre ellos, pero tiene que quedar claro que una cosa son las diferencias y otra cósala gran batalla. Y eso, la fuerza que tiene la oposición es que el 90% del país está desesperado y quiere la salida y la Constitución le da la razón. Entonces se tiene que pedir este matrimonio y no podemos inventar otra cosa”.

AM: ¿y qué opinión le merecen los militares? Ugalde: “Aquel sector de la Fuerza Armada que es clave para mantener esta dictadura es una vergüenza. Es decir, la FA tiene la obligación de defender la Constitución y realmente, y estando en esta situación, evidentemente, si el Gobierno no tiene la mayoría, ¿por qué se mantiene?, porque tiene la fuerza y la ejerce. Dice que cree que puede haber elecciones, pero hay que presionar duro al gobierno con la AN, y la acción internacional. Afirma que no se pueden dar largas porque eso aumenta la tortura de pueblo venezolano, que hace colas para comer y curarse pero no encuentra los productos.

Elías Pino Iturrieta, en su artículo en EL Nacional (04/12/16), después de arrancarle el embustero y tramposo mascarón de proa, y desnudar su dislexia coprológica, nos dice que Maduro “viene afirmando en los últimos días que mantendrá la mesa de diálogo hasta 2020 o 2021, y que evitará que los interlocutores la abandonen. ¿Puede caber una mofa de mayor estatura? ¿Se puede uno imaginar una befa más grande?”. Y concluye muy bien su notable artículo: “En suma, Maduro afirma que terminará su mandato, que lo prologará hasta las calendas griegas valiéndose de un simulacro de diálogo, es decir, emborrachando las estúpidas perdices”. Pausa y sigue.

“La analogía con las perdices va con los líderes de la oposición que guardan silencio que guardan silencio con la descarada operación y que acudirán raudos a la próxima reunión, pero también con el señor a quien le toca repartir la baraja: el delegado pontificio. Rodríguez Zapatero y sus colegas deben estar felices de la vida, como partes esenciales de la jugada y como observadores de lo que ya parece idiotez establecida en nuestra sociedad. Nada nuevo bajo el sol venezolano, si nos atenemos a cómo nos miente sin consecuencias todos los días el embustero mayor de la comarca”. ¿Cómo medirle la nariz a este Pinocho no inocente?

Yo sigo insistiendo que quienes han secuestrado el poder son perros de presa: no la sueltan sino con su muerte. Esa presa se llama “Poder”, y el Poder da acceso al dinero público. “Poderoso caballero es el dinero”, nos enseñó hace mucho tiempo el gran Quevedo.

¿Qué hacer, pues? Leamos el artículo 350 de la Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”. ¿Quién y cómo se interpreta este artículo? Sencillamente, el pueblo soberano y se interpreta como un derecho a la rebelión. El gobierno y sus órganos del Poder Público (menos la AN, desde luego) y el alto mando militar están incursos en lo pautado en el artículo constitucional citado y, por lo tanto, el pueblo debe desconocerlos. Y punto.

Paz en Colombia. ¿Acuerdo definitivo o futuro incierto?

AUTOR: Héctor Dupuy, Geógrafo, profesor na Universidad de la Plata

 

El 2016 es un año muy particular en lo que hace a la situación mundial y, muy especialmente, para América Latina. Pero, entre el conjunto de noticias y experiencias verdaderamente impactantes que nos ha tocado vivir, se encuentra el hasta ahora tramo final de las negociaciones de paz de la República de Colombia entre dos fuerzas político militares hasta hace poco totalmente antagónicas: el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, que llevaron a cabo un enfrentamiento armado que se viene prolongando por más de cincuenta años y que deja consecuencias sociales, humanas y económicas catastróficas.

Este proceso habría culminado, el pasado 12 de noviembre, con la firma del Nuevo Acuerdo, modificatorio del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito a su vez por los representantes de ambas fuerzas el 24 de agosto de este mismo año y que fuera rechazado por la mayoría de los votantes que participaron del plebiscito realizado el 2 de octubre. Cabe recordar que el porcentaje contrario al Acuerdo alcanzó el 50,21 %, habiendo sufragado sólo el 37,44 % de los votantes registrados.

Si bien el proceso parece estar llegando a su fin, al menos en términos militares tradicionales, su complejidad no asegura un final definitivo o, al menos, no parece resolver las causas que lo motivaron. Ambas partes han declarado en innumerables ocasiones su decisión de sostenerlo y respetarlo y han procurado crear los instrumentos necesarios para que esto se produzca. Asimismo, el documento firmado y reformado, recientemente, ha introducido salvaguardas legales y posturas ideológicas fuertemente equilibradas como para que el resultado pueda ser lo más auspicioso posible.

Un conjunto de apartados documentales dan solidez jurídica dando como resultado un documento muy completo con referencia a salvaguardas políticas de ambas partes y de aplicación fuertemente progresista en cuanto a sus planteos sociales y económicos.

Los apartados atañen a los siguientes aspectos: Reforma Rural Integral (Hacia un nuevo Campo Colombiano), Participación Política (Apertura Democrática para Construir la Paz), Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), Apartado para la Implementación, Verificación y Refrendación, con documentación protocolar y de aplicación formal.

En este conjunto podemos distinguir, como se expresa más arriba, cuestiones de fondo que hacen a exigencias de ambas partes. La introducción de una nueva perspectiva en cuanto a la estructura agraria y a las condiciones del campesinado, sosteniendo principios como la igualdad y el enfoque del género, el bienestar y el buen vivir, la restitución de tierras y el restablecimiento de los derechos a las víctimas del conflicto, el derecho a la alimentación, la participación del campesinado en el planeamiento de las políticas agrarias, la garantía de un desarrollo sostenible, el impulso a infraestructuras indispensables y otros beneficios a los sectores más vulnerables permiten a las FARC avanzar hacia una solución de las causas históricas del conflicto.

Asimismo, el sector insurgente se asegura una apertura que le permite un piso de participación política, junto con su subsistencia, la legalización de su miembros (bajo condiciones de un escaso riesgo de represalias jurídicas) y el consiguiente reconocimiento de su actividad en el marco del sistema democrático liberal, a la vez que impulsa una reforma política que brinde seguridades a la oposición y a los dirigentes de partidos y movimientos políticos y sociales, generando una serie de mecanismos que materialicen tales seguros, a la vez que permitan perseguir legalmente a las denominadas Organizaciones Criminales, entre ellas a las bandas sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia, supuestamente desmovilizadas bajo el gobierno anterior.

Por su parte, el Gobierno Nacional logra en principio, el único objetivo material concreto e inmediato, el cese al fuego y de las hostilidades y la dejación de las armas por parte de las FARC. Ha sido la base esencial de las negociaciones y, tal vez, su mayor ganancia. Junto con este objetivo, otro de importancia es la propuesta para la solución al problema de las drogas, con lo cual se asegura contrarrestar el apoyo financiero que esta producción beneficiaba a los insurgentes. Asimismo logra evitar el pedido inicial de las FARC para la convocatoria de una asamblea constituyente y la incorporación del Acuerdo al texto Constitucional, la cual fue uno de los puntos rechazados por los votantes del No.

La pregunta es, entonces, ¿que significación tiene la paz en Colombia en este momento?

 

Preexistencia del conflicto

Los medios han ejercido una influencia extraordinaria, ayudados incluso por muchos especialistas, comentaristas, formadores de opinión y personas de buena voluntad, en el sentido de mostrarnos un proceso de paz que, antes que nada, es nada más ni nada menos que eso, “un proceso de Paz”. La concepción pacifista extrema, muy acorde y sensible a esta época tan plagada de conflictos de dimensiones horrorosas, nos ubica en la preexistencia de un concepto de “Paz” por encima de todo análisis. No importa cuáles han sido las causas, las vicisitudes, las marchas y contramarchas; no importa cuál ha sido o cuál es el conflicto. La “Paz” se encuentra por encima de todo eso. Se trata de terminar con el conflicto de cualquier manera, a los efectos de alcanzar esa “Paz”.

Por supuesto, esta idea, de profundo arraigo, choca con los que desean alcanzar una paz justa de conformidad a las motivaciones originarias, en este caso la lucha contra la opresión y explotación de sectores muy vulnerables de la población campesina colombiana, no muy alejada de las situaciones que viven las poblaciones rurales del resto de Latinoamérica, las demás clases populares de este subcontinente o la explotación de grandes masas de trabajadores o desocupados en el resto del Tercer Mundo.

Para los luchadores por la mejora social, por el desarrollo igualitario de los derechos humanos, por la justicia para innumerables personas que se encuentran al margen de los adelantos del progreso y de las mejoras alcanzadas después de muchos siglos por la sociedad, la paz no es sólo un objetivo en sí mismo si no se alcanza con un verdadero sentido de justicia. Justicia para los oprimidos vivos y justicia para los que dejaron su vida por tan altos principios.

De más está decir que esta paz no puede satisfacer a aquellos que se vienen esforzando para impedir este progreso. Se trata de viejas y nuevas clases opresoras que saben que la igualdad social no es otra cosa que la derrota en sus intentos por alcanzar los máximos niveles de eficiencia y competitividad en sus negocios. Estos son los sectores que, exigen una justicia ciega, sorda y muda sobre todos los insurgentes, considerándolos como asesinos comunes, arrastrando tras de sí a una gran cantidad de personas que adhieren a estos principios sin comprender que, tarde o temprano, serán los mismos que esgrimirán estos sectores poderosos para ejercer su opresión sobre sectores medios, profesionales, comerciantes o pequeños industriales. Esto sin considerar que aquellas acciones lamentables y aún horrorosas practicadas por los combatientes, se iniciaron para contrarrestar episodios de extremada injusticia e inequidad, de flagrante violencia practicada contra los oprimidos de todo tipo y con la unidad de todos los sectores oligárquicos y el beneplácito de los poderes instalados muchos kilómetros al norte.

Realizar una diferenciación tan marcada no pretende ocultar los horrores de la guerra. Saldos cuantitativos computados sólo desde 1985, con más de 6 millones y medio de desplazados, 162 mil desaparecidos, más de 100 mil familias que perdieron sus propiedades, 90 mil atentados y combates, más de 90 mil secuestros, 14.216 denuncias de delitos contra la libertad y la integridad sexual, más de 10 mil muertos por minas o explosivos sin detonar, casi la misma cantidad de personas torturadas, casi 8 mil niños y adolescentes involucrados en las acciones bélicas (en su mayoría por las FARC), ejemplifican, a medias, la magnitud de las depravaciones cometidas por todas las partes. Es sabido que, iniciada una guerra, el mantenimiento de las acciones destructivas de todo tipo se van justificando, cada vez más, en la espiral de violencia que se acrecienta y en las propias acciones cometidas tanto como en el compromiso asumido con los muertos y desaparecidos.

Sin embargo, insisto en este punto. En un proceso violento de este tipo, al inicio de las acciones las fuerzas son exageradamente desiguales. Por lo tanto, la elección de la violencia por parte del sector más débil, para la cual los más pobres tienen escasas posibilidades de optar, implica un proceso de empoderamiento en el cual cada paso implica un nuevo compromiso con la opción elegida y cada vez menos posibilidades de diferenciar los métodos utilizados.

El sector más poderoso, aliado y comprometido con los sectores hegemónicos a escala mundial, en especial con los mecanismos del mercado internacional, suele tener, asimismo, escasos márgenes de opción aunque cuenta a su favor con un andamiaje legal, político e institucional que le permitiría mayores posibilidades de negociación racional a las cuales no ha estado decidido a recurrir, salvo en contadas oportunidades. La actual sería una de ellas. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad en los horrores antes enumerados es, a todas luces, mucho mayor.

 

El factor territorial

El análisis del conflicto, tanto en sus aspectos reivindicativos como en el proceso de una lucha táctica y estratégica, nos introduce en el interrogante acerca de las posibilidades reales para que un grupo insurgente pueda oponerse, durante un largo período histórico, a fuerzas aliadas al poder hegemónico mundial. En la escala mundial, la existencia de una potencia que controla, en mayor o menor medida, el orden geopolítico internacional, como lo es Estados Unidos desde la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, generando alianzas entre las potencias de segundo orden, disciplinando a las potencias regionales y controlando política, económica e ideológicamente a todo el continente americano, dificulta notoriamente las posibilidades de cualquier fuerza local, nacional o regional para desarrollar una lucha contrahegemónica. Si bien el inicio de las hostilidades entre las FARC y el Gobierno colombiano se produjo en el marco de un orden geopolítico bipolar, con la presencia de la URSS, una potencia antagónica, menor pero poderosa, las posibilidades de acción en una región del Planeta alejada de sus estrategias territoriales y con un Estado aliado, con una voluntad inquebrantable, como lo es Cuba, aunque de escasa entidad espacial y estratégica no presagiaban un futuro promisorio para una experiencia apoyada en una escalada bélica como la que planteaban los insurgentes. El fracaso de casi todos los otros intentos de insurgencia bélica en América Latina testimonia esta apereciación.

Sin embargo, tanto la experiencia colombiana como otras excepciones, la propia Cuba, Nicaragua y, en parte, El Salvador, abren este interrogante. No se trata aquí de reivindicar esta estrategia que ha dejado saldos demasiado nefastos para nuestra región, sino de tratar de comprender la importancia de las acciones políticas contrahegemónicas desarrolladas en diversas escalas pero de acción plenamente territorial.

Al respecto, retomando los estudios e interpretaciones realizadas sobre el espacio geográfico por Henri Lefebvre (1974, 1976), sobre el territorio por Claude Raffestin (1980), sobre la geopolítica por Peter Taylor (Taylor y Flint. 2002) o sobre la conceptualización de la actual etapa en el proceso de acumulación capitalista (Arrighi. 1999), se puede afirmar que, mientras los procesos de concentración de poder por parte de potencias hegemónicas de escala mundial se desarrollan en relación con el gran mercado financiero transnacional, ámbito en el cual se producen tales proceso de acumulación más allá del espacio geográfico concreto, el territorio se convierte en un objeto en el que se reproducen las contradicciones entre capital y trabajo y que, en muchas oportunidades reacciona contra el orden establecido por aquellas.

Así lo han intuido la mayor parte de los grandes movimientos políticos y sociales y también sus expresiones económicas, más allá de haber logrado parcialmente o no sus objetivos. De manera que la lucha de los campesinos colombianos y de todas las fuerzas populares de ese país pueden vislumbrar que los logros de este Acuerdo de Paz se encolumnan en el sentido de esas luchas, más allá que sus protagonistas no hayan concitado un apoyo popular generalizado y efectivo y que sus métodos hayan contribuido a la desgracia de numerosas familias populares. No se trata, pues, de reivindicar el método ni elogiar como grandes héroes a los miembros de las FARC, sino de comprender el momento y la oportunidad histórica así evidenciada.

 

El futuro incierto

Sin embargo, al igual que muchos episodios en las luchas populares, la llegada de esta oportunidad no se produce en el mejor momento ni podrá aprovecharse en un marco de virtual equilibrio de fuerzas. Después de más de una década de esfuerzos latinoamericanos para sostener experiencias progresistas en un buen número de sus Estados y malogrando muchos de los intentos para impulsar un proceso de integración económica, social y política en el cual se pudieron visualizar instancias sumamente promisorias, como la aparición de la UNASUR, el ALBA o la CELAC, que llegaron a mediar, en más de una oportunidad en el conflicto colombiano o los avances del MERCOSUR, buena parte de nuestro subcontinente ha caído nuevamente en manos de la derecha oligárquica y los sectores aliados al capital transnacional.

En particular el mismo gobierno colombiano es parte de este contexto, diferenciando apenas un ala negociadora, artífice del Acuerdo, y otra refractaria a toda apertura que impidió la posibilidad de festejar debidamente la aprobación del texto originario. Estos sectores generan grandes dudas sobre una auténtica aplicación de los diversos Apartados del documento recientemente aprobado. La pertenencia de Colombia al sector más neoliberal de América Latina, asociado a la Alianza del Pacífico, versión actual del fallido ALCA, es sólo un aspecto de la propuesta norteamericana de gran desarrollos comercial y financiero asomado a ese océano a partir del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Si bien Colombia no ha suscrito esta propuesta, la política impulsada desde Bogotá se encuentra en sintonía con dicha política estratégica, lo cual no resulta una buena noticia para la población colombiana y, en particular, para sus campesinos.

Por otra parte, la aplicación de las diversas cláusulas del Acuerdo de Paz se encuentra claramente supeditada a las relaciones de poder que existan en los ámbitos institucionales (legislativos y judiciales) y en su aplicación efectiva por el Poder Ejecutivo, el cual será durante bastante tiempo de difícil acceso por parte de las fuerzas progresistas.

En cambio, la única cláusula efectiva del Acuerdo, la “dejación de las armas”, asegura a las fuerzas del poder la imposibilidad de defensa de los militantes populares, los cuales vienen siendo perseguidos y eliminados por las bandas criminales herederas de las fuerzas paramilitares. El futuro, así, se presenta incierto. Sólo un cambio de situación regional podría colaborar con los esfuerzos que realizan los movimientos progresistas colombianos para alcanzar una aplicación real y efectiva de todas las propuestas que tanto sufrimiento y sangre han significado par ala querida patria hermana.

 

Bibliografía

Arrighi, G. (1999) El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Madrid: Akal.

Dupuy, H. (2000) “Viejas y nuevas perspectivas para el estudio de la Geografía política”. En: Geograficando. Aportes para la enseñanza de la Geografía. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.

Lefebvre, H. (1974) La production de l´espace. París: Anthropos.

Lefebvre, H. (1976) Espacio y política. El derecho a la ciudad II. Barcelona: Ediciones Península

Raffestin, C. (1980) Pour une géographie du pouvoir. París: Librairies Techniques.

Taylor, P. y Flint, C. (2002) Geografía política. Economía-mundo, Estado-nacion y localidad. Madrid: Trama Editorial

Leitura: relações raciais nas formas de comunicação contemporâneas

AUTOR: Angela Maria da Costa e Silva Coutinho, Professora titular no Instituto Federal do Rio de Janeiro

 

Em outras palavras, a maioria dos membros dos grupos dominantes aprende a ser racista devido às formas de texto e de fala numa ampla variedade de eventos comunicativos. (TEUN A. Van Dijk , 2015, p. 15)

Minha proposta é que possamos percorrer imagens feitas por traços fotográficos e por palavras, perceber suas sugestões e compreender que a mente reconhece significados que já foram inscritos em outros textos, com outras combinações. É nesse sentido, o de surpreender o momento do julgamento, que traço minha estratégia para pensar possibilidades de nos esforçar para fortalecer o olhar, a fim de ler as representações raciais que estão ao nosso redor, às quais temos acesso pelos modos de expressão das ciências e de meios de comunicação.

Mikhail Bakhtin, ao tratar de questões de enunciado e de leitura, aborda o caráter dialógico da comunicação. “Ser significa comunicar-se dialogicamente. Quando termina o diálogo, tudo termina”. (citado por Stam, 2000, p. 72). Essa noção de dialogismo é expressa de maneira recorrente em sua obra, confirmando-se, a título de exemplo, com a declaração: “Por toda parte ouço vozes e as relações dialógicas entre elas”. (idem). Com apoio em visões dessa natureza teórico-literária e auxiliada pela Semiótica, postulados de Análise de Discurso e de Teorias da Comunicação, encorajo-me a experimentar leituras que contribuam para uma discussão de representações de pessoas, grupos humanos, lugares veiculadas em mensagens verbais e não verbais em diferentes suportes propiciados pela tecnologia contemporânea. Tal abordagem visa a refletir acerca das referidas mensagens, por meio da exploração de seus possíveis significados e de suas sugestões, interrogando declaradas intenções discursivas postas em tensão com a memória social e cultural dos leitores atuais. Portanto, visa-se a dar tratamento interpretativo às mensagens, a empreender leituras possíveis, pela via dos critérios de economia, de recepção e de associação de modelos de discursos.

Há um expressivo crescimento, nessas primeiras décadas deste milênio, do interesse em aproximar uma quantidade muito maior de pessoas dos diálogos referentes à construção da imagem dos cidadãos negros e dos efeitos dessa construção para as relações sociais. Foi criada a lei 10639 no ano de 2003, cujo centro de interesse são as relações inter-raciais, ensejando o conhecimento das culturas africanas e afro-brasileira na educação. Iniciativas de caráter acadêmico procuram problematizar o fenômeno do racismo e debatê-lo em seminários e simpósios. Ampliaram-se os cursos de pós-graduação integralmente direcionados ao estudo da complexidade das matrizes raciais e suas correlações culturais, históricas, políticas e econômicas. Nos meios de comunicação, especialmente nas redes de tevês públicas e de cultura, veiculam-se documentários, filmes ficcionais, novelas realizadas por autores africanos e referentes à realidade de países da África. Consequentemente, são mais numerosas, nos dias de hoje, as produções que remetem à reflexão qualificada sobre esses assuntos e, dessa forma, tornam mais fortalecidas, mais visíveis e renovadas as demais maneiras de militância e asseguram continuidade à luta pela igualdade racial empreendida desde os séculos anteriores.

Muniz Sodré (2004) discute um mal-estar civilizatório escamoteado pela socialização “irradiada ou teleirradiada operada pelos meios de comunicação” que, segundo ele, apoiando-se em ideias freudianas, é uma “das dificuldades ligadas à natureza da cultura e resistentes a qualquer reforma”. (p.180).

A abstração violenta (com relação à vicissitude territorial) da montagem industrial dos meios de comunicação contribui para o reforço de papeis e estereótipos presentes na memória coletiva da sociedade tradicional. Novos tipos de discriminação terminam superpondo-se às formas tradicionais de exclusão do outro (o estranho, o migrante), geralmente enfeixadas na denominação de “racismo”. Aparecem, assim, formas inéditas de racismo ou “neo-racistas”. Targuieff menciona três operações fundamentais, três deslocamentos dos conceitos de base racista desde o início dos anos 1970: a) raça passa a ser “etnia” ou “cultura”; b) desigualdade passa a chamar-se diferença; c) a heterofobia dá lugar à heterofilia (Targuieff,1988, p.14, citado por Sodré, 2004, p.180)”.

Observando-se e analisando-se situações e práticas nas relações sociais cotidianas contemporâneas, no Brasil, não é difícil interpretar que existe tensão entre um discurso de hipervalorização do outro e indicações de espaços e códigos simbólicos em que é permitido a esse outro representar-se e expressar-se. Constata-se uma concepção de “diferente” concebida a partir de um centro irradiador de forma, de ética, de gosto distante dos sentidos encontrados em discursos conscientes que legitimam as diferenças, o contato com o desconhecido e com a latência, comprometidos com o entendimento da complexidade dos grupos humanos, interessados no reconhecimento de seus aspectos genuínos. Dentre as indicações citadas, pode-se destacar, por exemplo, uma circunscrição e diferenciação de pessoas nos espaços de lazer e de consumo das grandes cidades. As concentrações humanas das zonas periféricas preenchem um cenário de luxo e de cor bastante diferente da composição formada nas zonas não periféricas e, muito raramente, há a confluência desses grupos. Dir-se-ia que o carnaval propicia uma significativa aproximação, mas vale também a constatação de que essa aproximação está limitada a uma espécie de convivência virtual e na qual as pessoas se agrupam com os seus iguais, guarnecem-se com suas próprias realidades, vivenciam o momento carnavalesco segundo os princípios de suas diferentes formas de ser e de estar em sociedade. Portanto, mesmo no carnaval, não se diluem as diferenças.

Assim, indagando-se sobre as formas de integração do diferente (o estrangeiro, o migrante, o negro), o Ocidente não consegue esconder, já nos modos como formula a questão, que só concebe a diferença como um “diferencial”, isto é, como algo a ser integrado de cima para baixo no funcionamento de um sistema de valores que se impôs na História pela força de sua capacidade de acumulação (o capital) e de suas realizações tecnocientíficas. Ou seja, toda diferença na modernidade contemporânea só se interpreta como “diferença de valor, logo como hierarquia explícita (sociedades tradicionais) e implícita (sociedades modernas, que vivem sob um céu de valores individualistas e igualitaristas)” (Targuieff, 1988, p. 17 citado por Sodré, 2004, p. 181).

Façamos, pois, leituras possíveis de representações raciais e culturais materializadas por estruturas discursivas em linguagem verbal e em linguagem não verbal, veiculadas em textualizações acessíveis à recepção pelos meios de comunicação de massa, quer sejam em versos da música popular, em notícias de jornais ou em imagens televisivas, a partir das quais são potencializados e popularizados juízos e comportamentos .

Representações discursivas verbais na música popular

Pra que discutir com madame ?

Autoria de Janet de Almeida e Haroldo Barbosa, 1945. (Em: Dicionário Cravo Albin da Música popular brasileira. Disponível em: http://dicionariompb.com.br. Acesso em 19/11/2016.

O título do poema musical suscita hipóteses interpretativas relacionadas ao sentido do signo “madame”, associando-o a uma personagem cujo lugar de fala se relaciona a outros sentidos que traduzem poder hierárquico, relações entre superiores e subalternos. A expressão “discutir com madame” com entonação interrogativa induz à ideia de denegação, à exteriorização de valores menos individuais que sociais e à recusa de um diálogo que se deduz ser infrutífero no decorrer dos versos. Na primeira estrofe, reforça-se a representação de uma unilateralidade centralizadora, por meio da reiteração do signo verbal “dizer” de entonação afirmativa, em “Madame diz que a raça não melhora/ Madame diz que o samba tem pecado/ […] Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor/ Madame diz que o samba democrata é musica barata sem nenhum valor/ Vive dizendo que samba é vexame. Nesses dizeres, frutos de um imaginário social construído com base em valores hierárquicos, conforme refletimos anteriormente, flagra-se, também, o acontecimento, segundo um dos postulados da análise de discurso, ancorada na relação da estrutura da palavra com suas significações e sua irradiação, seu lastro no tecido social. Portanto, uma personagem prestigiada, uma madame, a patroa, (antítese da empregada, de uma serviçal), em uma sociedade marcada pela meritocracia e pelos valores de mercado, tem uma voz acusatória, uma fala pretensamente indiscutível, assim como se apresenta representante de uma classe pretensamente superior.

Discutamos, então… Em que parâmetros se pautam suas acusações? Pode-se remeter aos sentidos possíveis do verso a seguir: “Madame diz que o samba democrata é musica barata sem nenhum valor.” Colocando-se em destaque o signo democrata, vê-se que este está empregado em sentido pejorativo, levando-se em conta o plano enunciativo da sentença. Ao qualificar o samba democrata, o enunciador (uma voz de uma classe), emite juízos de valor que expressam, de modo explícito, o sentido de democracia que deseja transmitir ao receptor. Magistralmente, o poeta constrói um enunciador conservador que revela idiossincrasias, como já foi dito, muito mais de um grupo do que de um indivíduo, caracterizando-os (o grupo e o indivíduo) por meio da linguagem, ao colocar em sua fala fórmulas discursivas, ou sejam, sínteses conceituais esclarecedoras dos jogos de poder da linguagem, mas que, na letra do samba, serão refutadas na segunda estrofe.

As fórmulas discursivas são objeto de estudo da análise de discurso e, segundo Motta e Salgado (2011)

Se pensarmos que toda síntese recobre articulações forjando uma unidade complexa, heterogênea, híbrida, entenderemos que fórmulas como slogans, ditados e frases feitas, entre outras, embora pareçam ser territórios de apaziguamento, são, ao contrário, posicionamentos que denunciam a rede de disputas em que se inserem e de que revelam. […] Todo dizer é um movimento e, quando cristalizado, faz-se nó de uma rede – não um ponto final, não um ponto isolado, mas ponto nevrálgico, lugar estratégico na dinâmica histórica que o institui e salienta. E tal “saliência” tem a ver com as polêmicas em foco numa dada comunidade discursiva, com as crenças que as sustentam, com os discursos que as alimentam e que podem também transformá-las. Assim é que toda fórmula discursiva comporta uma densidade histórica que se presentifica na sua circulação, apoiada em pré-construídos e voltada a novas construções. (p.1)

A segunda estrofe é uma resposta irônica à sentença que enseja uma ordem impositiva, igualmente em tom de ironia, enunciada na primeira: “Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe”. A ironia se consuma com a evocação aos sentidos do “carnaval”, e do “bloco de morro” relacionados aos sentidos de “cantar ópera” e “cantando concerto”. Prossegue a crítica com o juízo do enunciador dirigido ao discurso conservador: “Madame tem um parafuso a menos/ Só fala veneno meu Deus que horror/ O samba brasileiro democrata/ Brasileiro na batata é que tem valor.” O sentido da expressão “samba brasileiro democrata” é alterado, relativamente ao da primeira estrofe e neste novo sentido a ideia de democracia se justifica como inclusão, diversidade, diálogo, multiplicidade, legitimidade e outros valores que contemplam a complexidade da formação do povo brasileiro. A recepção dessa música, desde o ano de sua criação, 1945, tem sido notável. João Gilberto fez apresentações em festivais fora do Brasil, notadamente no festival de jazz de Montreaux, gravou-a em disco, ao vivo, em Tokyo , além de outras regravações feitas no Brasil. A cantora Teresa Cristina e o cantor Diogo Nogueira também contribuem para manter a atualidade desses versos musicais com suas gravações.

Para concluir a leitura do poema musical de Janet de Almeida, importa analisar a maneira como foi feita a menção à raça no primeiro verso da primeira estrofe: “a raça não melhora”. Nas visões contemporâneas orientadas pelas ciências humanas, raça é construção social, epíteto, nesse contexto poético-musical de grupo de negros. Na percepção dos estudos do racismo estrutural, é um referente naturalizado pela sociedade de valoração constrangedora apontado para os negros. Seus sentidos gravitam em discursos, a maior parte deles, que distinguem um “outro” de cor de pele diferente da pele branca; historicamente identificado como nascido ou criado fora das esferas hegemônicas de poder; como sobrevivente de sistemas políticos e sociais opressores; como marcado por ocorrências discriminatórias diversas. É possível afirmar que construções textuais que referenciam tais diferenciações, facilmente, aprofundam relações de superioridade entre indivíduos e grupos.

Ainda segundo Sodré (2004)

As representações (em sentido lato, englobando teorias e discursos) são fundamentais na questão do relacionamento com a alteridade, porque fornecem o quadro de mediação entre um sujeito e o outro. A apreensão da identidade própria e do outro passa por mecanismos perceptivos, estruturados pelas representações, que constituem o psiquismo do sujeito. Os estigmas do outro, manejados pela percepção racista, originam-se em representações socialmente construídas. (p.184)

Uma pesquisa coordenada por Teun A. van Djik resultou em publicação de artigos que dão conta de expor estudos acerca de racismo e discurso na América Latina. Nesse livro, intitulado Racismo e discurso na América Latina de 2015, podem ser lidos os resultados das investigações de pesquisadores de oito países latino-americanos, tais como a Argentina, o Brasil, o Chile, A Colômbia, a Guatemala, o México, o Peru e a Venezuela. O coordenador declara que dentre seus objetivos está a percepção de um histórico racismo contra indígenas e pessoas de descendência africana, constituindo-se esse comportamento racista um grande problema social. Segundo ele, os europeus brancos que vieram para o continente americano, seguiram os passos de seus concidadãos e implantaram a dominação e a supremacia de seu grupo étnico. “Nesse sistema de dominação, os não europeus (Outros) foram sistematicamente segregados e tratados como inferiores, uma ideologia que serviu como legitimação da escravidão, da exploração e da marginalização” (p.11). Especificamente, no que concerne ao binômio discurso e racismo, van Dijk (2015) pontua que este também é resultado das interações nas sociedades multiétnicas.

Já que o racismo não é inato, mas aprendido, deve haver meios para esse processo de aquisição ideológica e prática. As pessoas aprendem a ser racistas com seus pais, seus pares, (que também aprendem com seus pais), na escola, com a comunicação de massa, do mesmo modo que com a observação diária e a interação nas sociedades multiétnicas. Esse processo de aprendizagem é amplamente discursivo, isto é, baseado na conversação e no contar de histórias diárias, nos livros, na literatura, no cinema, nos artigos de jornal, nos programas de tv, nos estudos científicos, entre outros. Muitas práticas de racismo cotidiano, tais como as formas de discriminação, podem até certo ponto ser aprendidas pela observação e imitação, mas até mesmo estas precisam ser explicadas, legitimadas ou sustentadas discursivamente de outro modo. Em outras palavras, a maioria dos membros dos grupos dominantes aprende a ser racista devido às formas de texto e de fala numa ampla variedade de eventos comunicativos. A maior parte do que os grupos dominantes brancos “sabem” ou acreditam sobre etnia dos Outros foi, portanto, formulada, mais ou menos explicitamente, em inúmeras conversações, histórias, reportagens de jornais, livros didáticos e discurso político. É também sobre essa base que as pessoas formam suas próprias opiniões e atitudes, e, a menos que haja boas razões para desviar do consenso do grupo, a maior parte dos membros reproduzirá o status quo étnico e adquirirá as ideologias dominantes que os legitime. Nota-se, entretanto, que esse processo não é automático nem determinante: cada membro de um grupo específico tem uma relativa liberdade de ignorar parcial ou totalmente as mensagens dominantes ou suas ideologias subjacentes e formar opiniões alternativas, procurar diferentes atitudes entre os grupos de resistência, desenvolvendo, portanto, uma ideologia alternativa, não racista e antirracista. (p.15)

Na introdução do livro, o pesquisador reflete acerca dos modos pelos quais o racismo é operado por meio de textos e conversas, em cada um daqueles países da América Latina e conclui que os discursos políticos oficiais sobre as populações indígenas são discursos racistas e recaem de maneira severa sobre as mesmas, principalmente, onde estas formam amplas maiorias ou minorias. A respeito do Brasil, compara-se a discriminação dos homens de origem africana aos originários das populações indígenas. “Os primeiros são discriminados discursivamente de várias maneiras, especialmente também em termos de delinquência, mas geralmente reconhecidos como parte da sociedade.”

As populações indígenas costumam ser simplesmente ignoradas ou associadas com distância geográfica e atraso ou primitivismo, como se vivessem em “outro tempo”, consideradas até mesmo uma raça “menor” em certos livros didáticos e conversas racistas. (p.24)

Representações Discursivas na Mídia Jornalística

Reprodução de racismo

A cena acima esteve nos meios de comunicação de massa durante um tempo considerável, foi veiculada tanto nos jornais convencionais quanto nos suplementos editados na Internet e nas emissoras de televisão. Trata-se do flagrante ataque com ofensa racista a um goleiro no estádio de futebol. Naquela ocasião, o grupo imenso de torcedores formou um coro que desferiu as ofensas. A torcedora foi enquadrada nas câmeras de uma emissora de tv e daí por diante passou a ser uma personagem da agenda midiática, protagonizando narrativas jornalísticas relacionadas ao racismo.

‘Não sou racista’, diz Patrícia Moreira, que pede ‘perdão’ a goleiro Aranha.

Torcedora foi flagrada chamando o goleiro Aranha, do Santos, de macaco.
Polícia investiga como caso de injúria racial; jovem depôs na quinta.

Pouco mais de uma semana após ser flagrada pela TV chamando o goleiro Aranha, do Santos, de macaco, Patrícia Moreira quebrou o silêncio e concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), em Porto Alegre. Chorando muito, ela pediu desculpas ao jogador e ao Grêmio. Foi a primeira manifestação oficial dela após o caso. Acompanhada do advogado, a gremista chegou por volta das 12h15 ao local. “Perdão de coração. Eu não sou racista. Perdão. Perdão. Peço desculpas. Aquela palavra macaco não foi racismo de minha parte, foi no calor do jogo. O Grêmio estava perdendo”.

(Disponível em: globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2014/09. Acesso em 19/11/2016)

Essa situação de duplicação de discurso pode ser lida de acordo com o que van Dijk reflete a respeito do papel das elites simbólicas.

Se o racismo é amplamente aprendido e reproduzido pelo discurso dominante, e se tal discurso é amplamente acessível apenas por tais elites simbólicas, como os políticos, jornalistas, escritores, professores e pesquisadores, todos de raça branca, devemos concluir que a forma contemporânea mais eminente de racismo são as elites simbólicas brancas. Isso pode parecer contraditório quando assumimos que é precisamente essa elite que geralmente se autodefine como a mais liberal, a mais progressista, a mais cosmopolita e a mais antipreconceituosa.(p.16)

Revendo a argumentação de Sodré (2004), penso ser apropriado um diálogo com as visões discursivas expressas anteriormente. O sociólogo da Informação trata de “comunidade racista”, de “virtudes civilizatórias brancas”, de “consciência racista individual”, de “grupo histérico” e de “grupo colonial interno”. Todas essas formas discursivas fazem parte do esforço intelectual de construção de estruturas de linguagem que possam dar conta do entendimento dos fenômenos relacionados à complexidade das relações raciais e suas elaborações representativas, tanto simbólicas quanto materiais. Assim, uma comunidade racista se nutre da memória afetiva das virtudes civilizatórias brancas. Suas referências são as experiências coloniais dos países europeus, mantidas nas vozes que se atualizam em livros, filmes, monumentos, museus, relatos escritos e orais, vozes que sussurram aos indivíduos uma suposta verdade da “raça”. O desdobramento desse argumento vai ao encontro dos sentidos atribuídos à expressão consciência racista individual, assemelhada ao que a psicanálise denomina de grupo histérico que, por sua vez, fantasia, inconscientemente, integrar uma coletividade com a qual se identifica. Essa coletividade com a qual o histérico se identifica, “assume, no caso do racismo, a figura de um grupo colonial interno, recortado na História, que serve à ocultação da presença do diferente da identidade própria.” (p. 185)

A despeito de todo o mal estar enfocado até aqui, deve-se reconhecer que é histórico, no Brasil, a resistência aos modelos discriminatórios de relações interpessoais, destacando-se os ataques aos mitos da cordialidade entre superiores e subalternos na esfera social e à democracia racial no âmbito das relações inter-raciais. Silva e Rosemberg (2015) recordam que o mito da democracia racial é questionado desde os anos 1950, embora se reconheça o final da década de 1970, como o período de maior visibilidade do ativismo, empenhado em apontar as desigualdades raciais no que concerne ao acesso a bens materiais e simbólicos, a interpretar tais desigualdades como expressões do racismo estrutural e ideológico e a propor políticas para suplantá-las.

O termo “racismo” foi introduzido no Brasil apenas no final dos anos 1970, período em que se constitui nova organização do movimento negro: o Movimento Negro Unificado. […] A partir do final dos anos 1990, articulou-se um forte movimento de reivindicação por políticas de ação afirmativa para negros (e indígenas). A administração Luiz Inácio Lula da Silva criou, pela primeira vez, uma Secretaria especial de Promoção da Igualdade Racial com estatuto de ministério. (p.79).

No referido artigo, Silva e Rosemberg discutem o lugar do negro e do branco na mídia, tratando de literatura, de imprensa, livro didático, cinema, literatura infantojuvenil e televisão. As sínteses expostas nos quadros com os resultados das análises mostram um retrato dos cidadãos negros brasileiros ainda pintado com traços estereotipados. “A relativa continuidade histórica das fontes permite apreender a permanência, em jornais contemporâneos, de estereótipos detectados nos jornais do século XIX (Schwarcz, 1987).”

Lição de resistência

Em ato realizado no centro da cidade para lembrar a abolição da escravidão, militantes reivindicam a adoção de cotas raciais na USP. No dia 20/06, haverá outra manifestação em frente à Reitoria (foto: Comitê Contra o Genocídio da População Negra)

A imagem acima foi veiculada nos principais jornais das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 2014, quando se debatia e se polemizava sobre a adoção das cotas raciais nas universidades, nos concursos públicos e em escolas federais. Essa medida já estava em vigor em um número considerável de instituições públicas, mas as opiniões divergiam, como ainda divergem até os dias de hoje, não somente entre os brancos, mas também entre os negros. Apesar das dissensões, no entanto, essa ação afirmativa continua sendo a medida que melhor oportunizou ao jovem brasileiro, negro, estudante de escola pública uma relativa, mas segura promoção. Foram derrubados os argumentos quanto à impossibilidade de sua permanência e conclusão, propiciadas, sem dúvida, por estratégias de acesso a bolsas, auxílios, integração em grupos de pesquisa, participação em projetos de Iniciação Científica, submissão para conquista de estudos fora do país, como no caso do programa Ciência sem Fronteira e outros programas de pós-graduação no exterior. Relativamente à adoção de cotas raciais, Silva e Rosemberg (2015) levantaram destaques da imprensa que, como previsível, retrataram o conservadorismo de um jornalismo indiferente à promoção de pessoas quaisquer que sejam, muito mais indiferente e descompromissada em se tratando de pessoas negras.

Borges (2003) efetuou uma análise de matérias publicadas no jornal Folha de São Paulo , durante 2003, relativas ao debate sobre cotas para negros no ensino superior. A conclusão da autora foi a de que os editoriais que tratam da proposta de cotas são guardiães do mito da democracia racial. (Borges, 2003: 252): “Com um tom marcadamente de crítica, esses editoriais avaliam as políticas de cotas, realçam as distorções que elas provocam e deixam um ensinamento: a saída para as desigualdades ‘sociais’ na educação e a escola pública de qualidade para todos” (Borges, 2003:246).

Nos dias atuais, são dignos de destaque um número significativo de ações e de publicações referentes ao combate de discursos racistas e suas práticas cotidianas no meio social. Cito como exemplo duas dessas iniciativas.

A criação dos NEABIS: Núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas.

A circulação do Dossiê Mulheres Negras, do IPEA, disponível na Internet:

retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil, organizado por Mariana Mazzini Marcondes, Luana Pinheiro, Cristina Queiroz, Ana Carolina Querino e Danielle Valverde.

Tenho a impressão de que a insistência em se formular leituras e construções discursivas cada vez mais globalizantes propiciam a permanência do histórico modelo de superioridade, que, nos dias de hoje, já deveria estar esvaziado, por ser ridículo e sem outro fundamento a não ser o da exploração.

O modelo europeizado e americanizado de sociedade, branco, masculino e farto de bens materiais industrializados, sem sombra de dúvida, provoca instabilidade, à medida que bens materiais se tornam objeto de desejo. Então, parece, que quem não os possui passa a não se empenhar para conquistar todas as outras espécies de bens – como o conhecimento dos fenômenos, a criação artística, a apropriação dos significados simbólicos, a compreensão da justiça –, enquanto não alcançar aqueles bens materiais. Essa instabilidade afeta a atenção que deveria ser dedicada aos bens afetivos, à pluralidade dos bens culturais, à herança dos valores sociais.

Finalmente, creio que o ato de reforçar o olhar para a compreensão das matrizes africanas e suas representações atuais, selecionadas e interpretadas por nós mesmos, é uma hipótese que pode render melhor proveito na nossa luta para sermos representados de maneira não estereotipada, nem por meio de conceitos conotativos de inferioridade. Precisamos nos representar.

Fico eu pensando no modo poético que   Ondjaki (2012) escritor angolano que vive no Rio de Janeiro, concebeu para expressar a complexidade do mundo, fixando o olhar de seus personagens nas criações e nas traduções de um fértil quintal.

A Isaura dá nomes de presidentes aos bichos do quintal dela, e porque são muitos bichos, ela sabe muitos nomes de presidentes. Podem ser nomes também de alguns que já morreram ou mesmo outros que não foram presidentes mas pessoas assim importantes.

O gato dela se chama Ghandi, acho que era um senhor tipo indiano ou o quê. O cão se chama Amílcar Cabral. A lesma é Senghor, os gafanhotos são Samora, Mobutu, Khadafi, os sapos se chamam Raúl e Fidel. Parece que também deu nome aos passarinhos mas nunca consegui decorar a lista toda.

Agora é que me lembrei, há um papagaio chamado Joâo Paulo Terceiro, filho do falecido jacó João Paulo Segundo que tinha morrido na boca do próprio Ghandi. É que o Ghandi, antes não se chamava Ghandi se chamava Tátecher! Só depois de comer os papagaios é que lhe cortaram os tímbalos e ficou mais calmo a miar devagarinho e a não arranhar ninguém. […] ( 2012, p. 15-16)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DIJK, Teun A. van. Racismo e discurso na América Latina. Traduzido por Fernando de Moraes Gebra. São Paulo: Contexto, 2015, p.7-24

MOTTA, Ana Raquel e SALGADO, Luciana. (Organizadoras). Fórmulas discursivas. São Paulo: Contexto, 2011.

ONDJAKI. A bicicleta que tinha bigodes. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.

SILVA, Paulo Vinícius Baptista da e ROSEMBERG, Fúlvia. Brasil: lugares de negros e brancos na mídia. Em: DIJK, Teun A. van. (Organizador). Racismo e discurso na América Latina. São Paulo: Contexto, 2015, p. 73-112.

SODRÉ, Muniz. A abominação do outro. Em: HOHLFELDT, Antonio e GOBBI, Maria Cristina. (Organizadores). Teoria da Comunicação:antologia de pesquisadores brasileiros. Porto Alegre: Sulina, 2004.p. 179-200.

STAM, Robert. Bakhtin: da teoria literária à cultura de massa. Tradução de Heloísa Jahn. São Paulo: Ática, 2000.

Sob a nevoa da crise

AUTOR: Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora Titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo e pesquisadora senior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento-CEBRAP

 

Este artigo trata da crise política que engolfou o Brasil, no período recente, encerrando quase duas décadas de prosperidade, moderado crescimento econômico e significativo progresso social.

Não se trata de tarefa fácil pela complexidade da crise e por não ter ela ainda um fim à vista.

Os cientistas sociais não possuem instrumentos para analisar processos em cursos, muito menos para prever seu desenlace. Atuando sobre condições que lhes são dadas — e sobre as quais quase nunca têm informação completa –, os seres humanos a elas reagem em função da maneira como interpretam a situação, a luz seus conhecimentos, interesses, valores, crenças e objetivos e das oportunidades que lhes parecem abertas. Agem estrategicamente em função de seus desígnios e do que imaginam possa ser o comportamento dos outros envolvidos. Ao fazê-lo, vão abrindo caminhos possíveis e fechando outros, de uma forma que é impossível prever de antemão. O resultado, embora dependente da ação humana, quase sempre surpreende os envolvidos e analistas contemporâneos. Afinal, como observou Adam Ferguson, no século XVIII, a história é produto da ação humana e não dos desígnios humanos[1].

Assim, tudo que se diz neste artigo padece inevitavelmente da ausência de perspectiva adequada que só o passar do tempo pode proporcionar.

A crise atual resulta de três fenômenos que tem determinantes próprios mas que, ao coincidir no tempo, interagiram multiplicando seus efeitos explosivos e produziram o que o cientista político Marcus Melo caracterizou como tempestade perfeita. São eles: A Operação Lava-Jato, que apura crimes de corrupção envolvendo as maiores construtoras brasileiras e partidos e líderes partidários do governo e da oposição; dificuldades econômicas que, enfrentadas com políticas inadequadas, se transformaram em gigantesca crise fiscal e recessão; e uma crise de governo consubstanciada na perda de controle da Presidente da República sobre sua base parlamentar no Congresso.

No que se segue, tratamos de reconstituir esse processo complexo, pondo o foco na dimensão política da crise. Deixamos em segundo plano, a discussão sobre a Operação Lava-Jato[2] e sobre a crise econômica, ambas objeto de intensa controvérsia e muitas análises interessantes[3].

ANTES DA CHUVA

Durante cerca de duas décadas, de 1995 a 2013, o Brasil viveu um período de notável estabilidade democrática e significativa melhoria de seus principais indicadores sociais.

Entretanto, os dez primeiros anos de governo civil, depois de vinte anos de regime autoritário e governo militar (1964-1984), não haviam sido fáceis. Hiperinflação e dívida externa bloquearam o crescimento e mergulharam o país em uma crise econômica de grandes proporções e cuja saída dependia de um sistema político que parecia aprisionado na trama de interesses miúdos. Não estava claro que a Constituição, promulgada em 1988, oferecesse um bom caminho institucional. Ao contrário, ela parecia promover a fragmentação política e multiplicar pontos de veto a dificultar a construção de soluções minimamente consensuais para a crise econômica que só fazia complicar-se. O primeiro presidente eleito pelos brasileiros desde 1961, Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção, renunciou, em dezembro de 1992 — menos de dois anos depois de empossado– para evitar que o Congresso votasse seu impeachment. Nove em cada dez analistas faziam previsões sombrias sobre o futuro da democracia brasileira, que viam condenada a crises de governabilidade favorecidas pelo que consideravam como escolhas institucionais desastradas.

Os vaticínios mais pessimistas não se materializaram. O sistema político processou a crise do impeachment de Collor e permitiu a consolidação de um arranjo pluralista bastante estável e previsível.

Do ponto de vista da arquitetura institucional, esse mecanismo assumiu a forma do chamado presidencialismo de coalizão, cuja pedra de toque foi a capacidade de coordenação por parte de uma Presidência da República dotada de amplos poderes legislativos. A capacidade de coordenação sempre implicou na distribuição, entre os participantes da base do governo, de diferentes tipos de recursos lícitos e ilícitos. Mas, não só deles: a capacidade de negociação da Presidência foi também central[4].

Do ponto de vista do jogo político, esse mecanismo se sustentou em competição eleitoral centrípeta entre duas coalizões, encabeçadas por dois partidos nacionalmente implantados — PT e PSDB – com apoio de um grande partido de centro, o PMDB.

Mas, não se tratou nunca apenas de instituições e de uma arena eleitoral que empurravam as duas coalizões para o centro, dando incentivos à moderação. Ambas se moviam em um terreno de convergência substantiva em torno de dois objetivos: a estabilidade da moeda e o que Samuel Pessoa chamou de “contrato social da Constituição de 1988”: ou seja, o compromisso com políticas sociais universalistas e com iniciativas voltadas a redução da pobreza extrema.

Aquele compromisso expressou o que se pode chamar de cultura política da transição, ou seja, um conjunto de ideias e valores que moveram as diferentes forças políticas, estruturadas em partidos ou arregimentadas por movimentos e organizações da sociedade. Esse ideário pode ser sintetizado no forte adesão à noção de cidadania, isto é, de igualdade de direitos. Ele se plasmou na Constituição de 1988 e nas reformas institucionais que se seguiram à promulgação da Constituição, especialmente, mas não só, na reforma do sistema de proteção social.

Não por acaso, o presidente da Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, chamou de Constituição Cidadã a Carta de 1988. A ideia de direitos universais de amplo espectro é a planta básica e a viga mestra a propiciar forma e sustentação a regras que garantiam as liberdades públicas, o direito mais amplo à organização política, eleições livres e competitivas, Ministério público e magistratura independentes e anti-majoritários, direitos sociais universais.

Um sistema político no qual são relativamente baixas as barreiras de ingresso à vida partidária e à disputa eleitoral — é muito fácil registrar um partido e fazê-lo participar de eleições, embora as possibilidades de aceder à chefia dos executivos sejam bem desiguais e dependentes de vultosos recursos — permitiu a todos os principais partidos que se formaram na oposição ao regime militar ou dele desgarraram, encabeçando ou participando de coligações eleitorais, se alternassem na Presidência ou fizessem parte do governo federal, além de controlar fatias variadas do poder estadual e municipal.

Por outro lado, o sistema de justiça, com prerrogativas ampliadas pela Constituição de 1988, tornou-se um poder mais atuante, em suas diferentes esferas de jurisdição, e com frequência funcionou como força anti-majoritária, bem como contrapeso e controle à preponderância do Executivo. Uma geração advogados, defensores públicos, promotores e juízes, filhos da Constituição de 1988, estão hoje lutando para que a máxima da igualdade de todos perante a lei se torne realidade no país. Desse grupo fazem parte os promotores e juízes da Operação Lava Jato. (Em 2015, dirigentes das principais empresas da construção pesada no país, que sem sombra de dúvida fazem parte da elite do poder, passaram o Natal e o Ano Novo, na cadeia. Lá gozam da companhia de dirigentes partidários e outros políticos proeminentes. Fato pouco comum, em qualquer lugar do mundo).

Com essas instituições e valores o país caminhou bastante na direção do que Douglass North[5] denominou sociedade de acesso aberto, na qual as instituições limitam a possibilidade da apropriação, pelas elites, de recursos de poder e de benefícios obtidos pelo acesso privilegiado às instâncias de decisão política.

De outra parte, o mesmo sistema político permitiu que consensos amadurecidos na sociedade se transformassem em políticas razoavelmente eficazes, em geral iniciadas pelo Executivo, mas apoiadas pelo Congresso. A inflação descontrolada, que corroeu a economia brasileira por uma década, foi domada pelo Plano Real, em 1994.

Uma robusta convergência em torno da estabilidade da moeda fixou limites firmes às escolhas de política econômica de sucessivos governos[6]. Um conjunto de reformas, muitas das quais demandando mudança constitucional produziram instituições econômicas mais resistentes, embora não blindadas, a impactos negativos das crises internacionais.

O amplo reconhecimento necessidade de mudar o sistema de proteção social, tornando-o mais universal e eficiente, e menos regressivo, levou à reforma progressista das grandes políticas sociais – previdência, educação, saúde, assistência social, saneamento — e à implantação de programas ambiciosos de transferência direta de renda, como a Previdência Rural universal e gratuita, o Benefício de Prestação Continuada, ambos estabelecidos pela Constituição de 1988 e Bolsa Família, cujo embrião o Bolsa Escola é de 1998. Criou-se assim um sistema de proteção social que os especialistas chamam de universalismo básico (Huber & Stephens, 2012), sistema em parte responsável pela significativa redução dos níveis de pobreza e desigualdade, pela universalização do acesso aos serviços atendimento básico de saúde, universalização do acesso à escola e aumento dos anos de escolaridade e pela expansão significativa dos estratos médios de renda, que alguns tem chamado, não sem uma dose de imprecisão conceitual, de nova classe média.

Um projeto de pesquisa de fôlego, coordenado pela cientista política Marta Arretche (2015) mostra com abundância de dados que, nos últimos 50 anos, mas especialmente no período democrático, o Brasil caminhou bastante, a ritmos e intensidades diversos, na redução de diferentes formas de desigualdade: de salários e renda, de oportunidades no mercado de trabalho, de acesso aos serviços sociais, de progressão do níveis de escolaridade, de estreitamento, mesmo que muito insuficiente, das diferenças entre gêneros e entre brasileiros de diferentes colorações. Os dados são impactantes.

Um pouco por conta desses resultados, um pouco por conta de esforços diplomáticos para aumentar a projeção internacional do país, o Brasil ingressou no bloco das nações emergentes, das potências médias ou em ascensão que, segundo os internacionalistas, podem ter algum impacto sobre o sistema internacional, quando atuam como blocos ou no interior de organizações multilaterais.

Naturalmente, não pretendemos reduzir a dimensão e gravidade dos problemas ­seculares que o país arrasta de há muito. A obtenção de bens privados mediante o uso de recursos públicos parece ser o combustível que põe em movimento as engrenagens do sistema político. É grande a promiscuidade entre políticos, burocratas e empresas privadas, como a Operação Lava Jato vem mostrando. A economia, com moeda estável, nunca conseguiu ir além de taxas de crescimento medíocres, na melhor das hipóteses (Bacha & Bonelli, 2016). Parte significativa da infraestrutura que deveria dar suporte à atividade econômica está defasada e sucateada. Grandes e ineficientes corpos estatais proveem serviços sociais universais, mas de baixa qualidade: a escola mal ensina, o posto de saúde não atende bem. A pobreza está muito longe de ter sido superada. Ela faz parte da paisagem social das cidades grandes, onde o trânsito beira o insuportável, o transporte público é deficiente, e todos temem por sua segurança pessoal. Os problemas ambientais, à espera de atenção, são do tamanho do patrimônio de recursos naturais do país.

De qualquer forma, pelo menos até o final do século XX, o Brasil viveu sob a combinação virtuosa de competição eleitoral acirrada e relativa convergência com relação a políticas governamentais tanto fiscais como sociais.

Esse terreno de convergência substantiva começou a ser erodido, já no final do governo Lula, mas muito claramente no primeiro governo Dilma, quando o compromisso com a estabilidade da moeda foi afrouxado e uma leitura particular do que ocorria na economia internacional abriu espaço para a experimentação desastrada em matéria de política econômica. Ao mesmo tempo, começaram a ficar claros os indícios de esgotamento da capacidade de o governo petista avançar ou renovar sua agenda de inclusão. Finalmente, desalojado do centro pelo movimento de moderação do Partido dos Trabalhadores, o PSDB caminhou discretamente para o centro-direita, incorporando uma agenda mais conservadora no plano dos valores, especialmente, na forma de encarar a segurança pública e os direitos das mulheres [7].

O consenso em torno da estabilidade monetária e do contrato social da Constituição de 1988, prevalecente entre as lideranças políticas e sociais bem como na opinião pública informada, foi se esgarçando e abrindo espaço para os ventos da intolerância política.

DEPOIS DE JUNHO

Em junho de 2013, o Brasil foi sacudido pela maior onda de manifestações de rua de que se tem notícia no país. As jornadas de Junho aconteceram em 120 cidades de sul a norte e, no auge dos protestos chegaram a envolver 1,5 milhão e meio de pessoas[8]. Apesar da dimensão inédita e da repercussão nacional, os protestos multitudinários não foram um acontecimento isolado. Ao contrario, parecem ter sido expressão mais intensa e visível da ativação de diferentes grupos sociais que, por se manifestar de forma pontual e em diferentes espaços, não chamaram a atenção dos meios de comunicação e dos analistas.

Mesmo carecendo de registros sistemáticos, há indícios da multiplicação de movimentos sociais urbanos antes e depois das grandes manifestações de junho: ocupações de edifícios públicos em áreas deterioradas das grandes cidades por membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), fechamento de grandes vías e estradas por grupos demandando serviços públicos para um bairro ou região, queima de ônibus e depredação de trens. De outra parte, em 2013, as greves nos setores público e privado cresceram quase 30% em relação ao ano anterior, atingindo o maior volume registrado desde 1984 (DIEESE, 2014), e desbordaram de seu núcleo tradicional – trabalhadores metalúrgicos e da construção civil, bancários e empregados em serviços públicos de educação e saúde – para setores com menos tradição de lutas como empregados da indústria de alimentação, da limpeza urbana, de serviços de segurança privada e das redes municipais de segurança pública (DIEESE, 2014:40).Um observador mais atento teria percebido uma carga de descontentamento social a ponto de explodir sob a aparente satisfação com o governo do Partido dos Trabalhadores, registrada em sucessivas pesquisas de opinião.

A chispa que detonou a revolta foi uma manifestação contra o aumento de preço dos transportes coletivos, convocada por minúscula organização de extrema esquerda –Movimento Passe Livre – que reivindicava transporte público gratuito para toda a população e que se opunha a aumento de 20 centavos no preço do bilhete de ônibus, na cidade de São Paulo. Atingidas por repressão policial desmesurada, que os principais noticiários de televisão se encarregaram de levar a casa de todos os brasileiros, na hora do jantar, as manifestações cresceram em volume e diversidade de demandas, ao tempo em que se espraiavam para outras cidades e ganhavam espaço crescente nos meios de comunicação [9].

Durante quase um mês, multidões tomaram ruas e praças com as mais diversas reivindicações ou simplesmente para expressar difuso mal estar. –“São tantas coisas, que não cabem nesse cartaz” dizia um poster feito a mão, carregado por um manifestante solitário no Rio de Janeiro. Diferentes grupos protestavam contra a violência policial ou demandavam transporte gratuito, melhores escolas e serviços de saúde, direitos para os LGTBS ou oposição a eles, enquanto agrupamentos adeptos do protesto violento – autodenominados Black Blocs – destruíam agências bancárias e lojas de automóveis de luxo. A denúncia da corrupção, vista em sua associação com práticas costumeiras de parlamentares e partidos políticos e com má qualidade dos serviços públicos, constituiu o denominador comum a unir os manifestantes.

Os partidos políticos foram rechaçados pela maioria dos participantes, mesmo quando solidários com eles. Ao mesmo tempo, brotaram movimentos pouco ou nada conhecidos até aquela data, caracterizados por frágil estrutura organizativa e forte inserção nas redes sociais[10]. Eles animaram as manifestações multitudinárias, impulsionadas tanto pela sua convocação quanto pela influencia dos meios de comunicação de massa, especialmente a televisão de canal aberto.

Nas ruas, se encontraram movimentos e pessoas de diferentes orientações políticas, da direita à esquerda, embora esses últimos parecessem predominar[11].

As jornadas de junho e julho provocaram, em um mês, queda dos índices de aprovação do governo de Dilma Rousseff de mais de 30 pontos percentuais.

O grande mal estar social revelado nas ruas não teve impacto direto sobre as eleições gerais de 2014, quando foram escolhidos presidente, governadores, membros da Câmara e Senado Federais e das assembleias estaduais. Como vinha ocorrendo desde 1994, o processo eleitoral continuou organizado em torno da disputa entre a coalizão de centro-esquerda, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e a coalizão de centro-direita liderada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com uma terceira força aglutinada em torno da candidata ambientalista Marina Silva (Almeida, 2016).

Entretanto, As diferentes leituras das manifestações de Junho-julho de 2013, as divergências em matéria de política econômica, os primeiros resultados da Operação Lava Jato e os sinais claros de esgotamento do ciclo petista transformaram as eleições de 2014 em um certame particularmente crispado e polarizado. Dilma Rousseff elegeu-se por pequena margem de votos, em segundo turno.

A primeira vítima da crispação da disputa eleitoral foi Marina Silva, destruída pela campanha especialmente agressiva de Dilma Rousseff. Mas a vítima principal foi a possibilidade de entendimento pós-eleitoral, entre governo e oposição em torno de uma agenda de política econômica capaz de lidar com a crise, àquela altura bem visível, e de sintonizar o país com as novas circunstâncias internacionais, nas quais a China já não exercia o mesmo efeito propulsor que tivera na primeira década do século XXI, ao absorver vorazmente as commodities brasileiras e de outros países em desenvolvimento.

No período pós-eleitoral instalou-se o que a historiadora pop Barbara Tuchman chamou de marcha da insensatez – “a impotência da razão ante os apelos da cobiça, da ambição egoísta e da covardia moral”, ou como preferem os cientistas políticos, uma situação na qual atores racionais, agindo sem coordenação em busca ganhos máximos, acabam por produzir um desastre coletivo.

Setores dominantes dentro do PSDB, desde o primeiro dia, apostaram na possibilidade do impeachment de Dilma, mesmo sem provas materiais de seu envolvimento nos esquemas de corrupção que a Operação Lava Jato ia revelando. O mesmo caminho foi adotado pelo veículos mais conservadores da grande imprensa. O governo achou que não precisava conversar com a oposição. O PT houve por bem bombardear a política econômica de sua presidente, como se houvesse uma alternativa doce ao ajuste fiscal amargo, que ela era forçada a propor diante da debacle econômica que se anunciava. A Câmara, abandonada a suas forças profundas, elegeu para dirigir a casa, contra o PT, o controverso Eduardo Cunha, deputado do PMDB membro da coalizão de governo mas inimigo da presidente, e que não perdeu oportunidade de usar todo tipo de pressão para atingir seus fins obscuros.

Em março de 2015, as manifestações de rua voltaram. Agora para protestar contra o governo recém eleito e contra os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato, a envolver dirigentes do PT e de partidos de sua coalização de governo em negócios escusos entre as grandes empresas de obras públicas e a Petrobrás, empresa pública de petróleo e símbolo do desenvolvimento nacional.

Iniciava-se uma nova onda de protestos multitudinários que se repetiria em abril e agosto e em março de 2016, nas capitais de estados e principais cidades brasileiras.

Ao contrário do que ocorrera em 2013, as manifestações de 2015 e 2016 faziam oposição clara e raivosa à presidente e ao Partido dos Trabalhadores e clamavam crescentemente pelo impeachment de Dilma Rousseff. Os principais grupos que as convocaram– Movimento Brasil Livre, Vem prá Rua, Movimento Endireita Brasil y Revoltados on Line — eram declaradamente de direita, mais ou menos liberal, ainda que os que atenderam a sua convocação fossem mais diversos em suas inclinações políticas. Nas ruas, misturavam-se grupúsculos de extrema direita partidários de um governo militar, pessoas de centro ou apenas desencantados com o governo do PT. Vestiam as cores da bandeira brasileira, como se estivessem tomando para si a representação na nação. As demandas por melhores serviços públicos e políticas sociais desapareceram dos cartazes dos que queriam derrubar o governo[12].

Una vez mais, a convocação pelas redes sociais e sua repercussão na mídia tradicional — televisão, imprensa diária, rádio – foram instrumentos decisivos para multiplicar o número de manifestantes.

Fora das ruas, nas casas de moradores de altos e médios ingressos, as manifestações tomavam a forma de panelaços e buzinaços, sempre que a presidente ou seu partido falavam em cadeia nacional de televisão.

Em reação, cidadãos e grupos fiéis ao governo também tomaram os espaços públicos, em março e dezembro de 2015 e abril de 2016, convocados por sindicatos, pela Central Unica de Trabalhadores, bem como por organizações sociais vinculadas ou simpáticas ao Partido dos Trabalhadores (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento dos trabalhadores Sem Teto). Entretanto, no final, feitas as contas, a presidente foi derrotada na batalha das ruas.

O sentimento antigoverno foi alimentado também pelo desenrolar da Operação Lava-Jato que ia revelando para a imprensa – muitas vezes de maneira que feria direitos dos investigados — detalhes do conluio entre lideranças do PT e outros partidos da coalizão de governo e as grandes empreiteiras de obras públicas que recebiam contratos milionários e, em troca, alimentavam campanhas eleitorais, o caixa dos partidos e as contas privadas de muitos dos políticos envolvidos.

Além de perder nas ruas, a presidente foi perdendo também a capacidade de coordenar sua coalizão no Congresso, o apoio dos partidos aliados ao PT e, em consequência, a possibilidade de continuar governando. Muitas foram as razões para que isso ocorresse. Entretanto, parece claro que os gigantescos protestos antigovernamentais foram importantes para convencer os líderes mais moderados do PSDB[13] bem como os partidos de centro e centro-direita que participavam governo Dilma Rousseff a caminhassem rumo ao impeachment.

Em abril de 2016, a Câmara Federal votou a admissibilidade do pedido de impeachment, afastando provisoriamente a presidente e, em agosto, o Senado votou por ampla margem seu impedimento.

O vice-presidente Michel Temer passou a ocupar a cadeira de Dilma Rousseff encerrando um período de treze anos nos quais o governo federal esteve sob controle do PT e inaugurando uma fase de grande incerteza quanto ao futuro o país.

 

SOB NEVOEIRO, AINDA

Pela segunda vez, em pouco mais de duas décadas um impeachment interrompeu o mandato presidencial. Mas, ao contrário do que ocorreu quando o presidente Fernando Collor de Mello foi apeado do poder por procedimento previsto na Constituição[14], no caso presente as opiniões sobre a legalidade e legitimidade do processo que destituiu Dilma Rousseff estiveram e estão muito mais divididas[15]. É uma controvérsia real, que cinde a sociedade, as lideranças políticas e a opinião pública educada e que nenhuma análise acadêmica é capaz de dirimir.

Com a Operação Lava Jato em plena marcha não é possível prever o que será do governo Temer e o que restará da elite política nos próximos anos.

Há quem acredite que o Brasil vive uma crise profunda de seus sistema político e do próprio regime democrático.

Não cabe dúvida que o regime político brasileiro que era visto, por analistas dentro e fora do país, como exemplo bem sucedido de democracia de massas, saiu com sua imagem arranhada. De exemplo de estabilidade e capacidade de produzir progresso social, o sistema democrático do Brasil passou a ser um dos casos de “crise presidencial” (Perez-Liñan, 2007).

Por outro lado, o regime dá sinais de vitalidade: o funcionamento independente do sistema de justiça, a autonomia e diversidade da imprensa, a multiplicação de grupos da sociedade com capacidade de mobilização autônoma.

Tampouco parece evidente que o presidencialismo de coalizão esteja em crise. Com Dilma Rousseff a presidência perdeu a capacidade de coordenação e de negociação, dois elementos necessários para azeitar e por em marcha o mecanismo desta forma peculiar de sistema presidencial. Entretanto, ele tem permitido que medidas complexas de interesse do novo governo sejam votadas e aprovadas. Apesar da legitimidade presidencial contestada, da desconfiança da opinião pública com relação ao presidente Michel Temer e do fogo cerrado da Operação Lava Jato, que já levou à demissão de um bom número de ministros por suspeita de corrupção.

A crise política parece ter seu foco no sistema de partidos.

É pouco provável que a competição eleitoral nacional continue a se estruturar em torno da disputa PT versus PSDB. O PT pode encolher muito em termos nacionais, em 2018. As eleições municipais devastaram suas bases eleitorais em municípios de todos os tamanhos, em todo território do país. Tampouco é possível prever o impacto da Operação Lava Jato sobre as principais lideranças do PSDB, as principais delas já sob suspeita.

De toda forma, redução à irrelevância do PT alterará completamente os termos da competição política. Em 2018, pode-se repetir a competição pulverizada que caracterizou a primeira eleição depois da saída dos militares, abrindo espaço a lideranças de tipo populista, dispostas a surfar nos anseios persistentes de participação e inclusão, que o PT encarnou e que continuam tão fortes quanto os problemas sociais que os sustentam.

Partidos não se improvisam, levam tempo para se firmar como estrutura e na cabeça dos eleitores. E os partidos que podem ser levados de roldão, na crise presente, foram os protagonistas da transição democrática e portadores das múltiplas aspirações que com ela afloraram. Se isto ocorrer estaremos em um admirável mundo novo.

BIBLIOGRAFIA

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NOTAS

[1] “t[historys is] he result of human action, but not the execution of any human design”, Ferguson Adam, “Essay on History of Civil Society”, http://oll.libertyfund.org/titles/ferguson-an-essay-on-the-history-of-civil-society

[2] Boas descrições uma favorável e outra crítica à ação dos promotores de justiça e juízes que desencadearam a operação estão, respectivamente, em Netto (2016) e Moreira Leite (2016).

[3] Sobre a política econômica da era petista e a crise recente ver o ótimo relato de Safatle, Borges & Oliveira (2016)

[4] Em seus diários o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2001) ilustra com abundância de detalhes o tempo enorme que, como presidente, ele despendia conversando e negociando com sua base de apoio no Congresso. (Cardoso: 2015).

[5] North, Wallis & Weingast (2009)

[6] Esse resultado virtuoso não eliminou os debates e conflitos entre aqueles que acreditavam que a estabilidade devia ser mantida a qualquer preço e os que estavam dispostos a tolerar um pouco de inflação se a contrapartida fosse crescimento e redistribuição. Ver Safatle, Borges e Oliveira (2016).

[7] As lideranças que hoje dão o tom no PSDB – bem como seus parlamentaresm—são bem mais conservadores do que as lideranças que fundaram o partido: André Franco Montoro, Mario Covas e Fernando Henrique Cardoso.

[8] Para uma interpretação do movimento ver Nobre (2014) e Bucci (2016).

[9] A manifestação na capital do país foi televisionada ao vivo pelo principal canal de TV aberta.O mesmo ocorreu com o maior protesto feito em São Paulo, no dia 20 de junho. O mesmo fizeram as principais estações de radio especializadas em noticias.

[10] Entre os movimentos que convocaram para as manigfestações por meio de redes sociais e outros dispositivos eletrônicos destacaram-se, à esquerda: Movimento Passe Livre, Midia Ninja, Comité Popular da Copa, Black Blocs, Movimiento Autónomo Libertario, Acampa/Ocupa, Centro de Midias Independentes, Jornalistas Livres, A Marcha das Vadias; e, pela direita, Revoltados on line, Movimento Brasil LIvre, Legalistas (favoráveis a intervenção militar) e grupos homofóbicos.

[11] Sobre el repertorio de los movimientos presentes en la calle, en 2013, ver el muy interesante artículo de Alonso& Mische (2014) . Para un estudio de la construcción simbólica de las protestas, de la infraestructura de la movilización e de las estrategias de confrontación ver Tabagiba (2014). Para un análisis interesante sobre el impacto de la existencia previa de una red de estructuras participativas sobre la disposición a participar en las protestas de 2013 ver Wampler (2014). Sobre su semejanza con protestas en otras partes del mundo ver Bringel & Pleyers, 2015)

[12] Essas demandas surgiram, em fins de 2015, pela mão dos estudantes de escolas públicas que promoveram mobilização maciça em São Paulo e no Rio de Janeiro por questões específicas. Da mesma forma, greves e movimentos em torno a questões urbanas continuaram muito frequentes nas cidades brasileiras.

[13] Os dirigentes do PSDB dividiram com respeito à campanha do impeachment. Enquanto Aecio Neves o apoiou e promoveu de imediato, outros líderes importantes como como o governador de São Paulo e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por cálculo ou convicção, só o fizeram em 2016. O pedido de impeachment votado na Câmara foi de autoria de conhecido jurista do PSDB, uma professora de Direito sem partido e um jurista renomado pela sua ação na defesa dos direitos humanos, antigo notável do PT que rompera com o partido.

[14] Sobre o processo de impeachment de Collor ver Sallum (2016).

[15] Para uma interpretação do impeachment como golpe parlamentar ver Santos & Guarnieri (2016).

Apresentação do nº 2

Escrevemos uma apresentação porque é habito e, ao que parece, prova de boa educação. Não porque seja efetivamente necessária. Os textos falam por si. Então diremos apenas que:

Este numero dos Trabalhos Em Curso foca essencialmente a América do Sul, com destaque para o Brasil. Acrescentamos um “dossier” sobre o grande movimento de refugiados, do ponto de vista europeu neste caso e abrimos com uma obra de arte, forma também de fixar a realidade social.

Este numero 2 da serie, cobre dois meses por impossibilidade de cumprir o projeto inicial devido a falta de apoio material. Talvez tenhamos mesmo que passar a trimestral. Ainda assim – e como já aconteceu em outras circunstâncias – vamos agir com os meios disponíveis para continuar de pé.

Graças ao acordo entre a Panguila e a AUTORES.club, Trabalhos Em Curso aparece numa plataforma de melhor acesso, tanto nas facilidades como na estética. Ao mesmo tempo analisamos a possibilidade de iniciar outra serie, dedicada a textos universitários, sejam monografias, dissertações ou teses. Tarefa para os Conselhos Científico e Editorial.

 

Pintura de Tavares Alves, urbanista e artista angolano residente em  Caiena

Pintura de Tavares Alves, urbanista e artista angolano residente em Caiena